El polígono industrial y comercial de Sanxo Llop, en cuyo extremo sur se construyó el nuevo hospital comarcal de Gandia, no se terminará ni a corto ni a medio plazo. Seguramente pasarán años antes de que esa zona urbana, que suma 467.000 metros cuadrados, se pueda dar por finalizada.
La comisión especial formada por técnicos y políticos del ayuntamiento ha decidido rechazar la propuesta de la empresa promotora, Aprusa, y no prorrogará un año más el periodo para acabar los trabajos porque considera que, como en las dos prórrogas concedidas anteriormente, no hay posibilidad de conseguir el dinero necesario para ello.
En vez de eso, lo que la comisión ha decidido es «resolver» el contrato, es decir, suspender las obras, retirar los derechos de urbanización a Aprusa, valorar cuánto se ha invertido y devolver al ayuntamiento todos los derechos sobre el proyecto.
La decisión no se ha tomado de forma amistosa por el consistorio considera que las causas de este hecho son imputables a Aprusa, de manera que podría derivar en un litigio entre el consistorio y la promotora. De momento, el ayuntamiento pedirá un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para que marque los pasos a seguir sin salirse de la legalidad. El proceso preocupa porque son muchos los intereses y los derechos adquiridos por todas las partes, empezando por los propietarios, pasando por la empresa promotora y terminando por el ayuntamiento.
Si hay que resumir todo lo ocurrido desde el año 2007, el fracaso se Sanxo Llop se explica en la crisis económica y en consiguiente y notable devaluación del suelo urbano que se produjo a partir de aquel momento.
El hospital que originó el problema
Forzado por la Generalitat, que obligó al Ayuntamiento de Gandia a construir el nuevo hospital donde finalmente se hizo, el Gobierno local de José Manuel Orengo optó por abrir el polígono que conectaría la zona de la vital con el futuro centro sanitario.
El problema vino cuando una gran mayoría de los propietarios, hasta el 85 %, «pagó» las obras cediendo suelo de sus parcelas. Eso impidió a Aprusa obtener dinero líquido y que tuvo que asumir el riesgo de la posterior venta de los solares. Cuando la crisis empezó a acentuarse y el valor inmobiliario se desplomó, las obras quedaron paralizadas. Ni siquiera la inyección de la empresa municipal IPG, que compró pero no pagó 12 millones de euros en parcelas, permitió desatascar el plan. Todavía hoy IPG, o sea, el ayuntamiento, sigue siendo el primer «deudor» del polígono, y también el mayor de los propietarios.
Sin dinero no hay obras y por eso todavía falta un 40 % del proyecto por ejecutar, lo que equivale a unos 12 millones de euros de los 33 del total del polígono.
Aunque el proceso puede ser largo, con la «resolución» del contrato el ayuntamiento quiere recuperar la gestión del polígono y, en la medida que le sea posible, aprobar una planificación que permita ir ejecutando poco a poco lo mucho que falta de esa obra.
Sin electricidad
Prisa tampoco hay, dado que antes del año 2020 no está previsto que se ejecuten las actuaciones necesarias para suministrar de energía eléctrica a toda esa zona. Tuvo que ser el Ayuntamiento de Gandia el que, debido al fracaso del polígono de Sanxo Llop, abonara los más de doscientos mil euros para tender una línea eléctrica que es la que permite funcionar al nuevo hospital comarcal. Sin esa actuación «provisional» ni siquiera estaría funcionando el gran centro sanitario que está en el origen del polígono.
