El Tribunal de Cuentas ha absuelto a Ana García, que fue concejala de Hacienda de Gandia entre los años 2007 y 2011, de la acusación de haber cometido irregularidades en el pago de algo más de siete mil euros en facturas de actos celebrados en esta ciudad por el sindicato UGT. En la misma sentencia dada a conocer ayer, también se absuelve al interventor municipal, Jorge García, que avaló el pago de ese dinero.
La polémica sacudió la vida política local a lo largo del año 2013, cuando el entonces alcalde del PP, Arturo Torró, y los concejales de Hacienda y Administración, Guillermo Barber y Víctor Soler, respectivamente, revelaron lo que, según señalaron entonces, era un «escándalo» de pagos presuntamente irregulares que habrían beneficiado a UGT en la legislatura del alcalde socialista José Manuel Orengo.
Aunque al principio se dio a entender que eran grandes sumas de dinero pagado con fondos públicos, la denuncia que formalizó el exalcalde Torró ante el Tribunal de Cuentas cifró la cuantía en 7.210 euros abonados entre 2009 y 2011.
En todos los casos los pagos tenían como concepto vinos de honor, comidas o «banquetes» realizados durante congresos y actos públicos de UGT. La mayor cuantía, más de tres mil euros, correspondía a una comida tras el congreso comarcal del sindicato que tuvo lugar en julio de 2009.
Reportaban beneficio a Gandia
El Gobierno local del PP, que remitió la documentación al Tribunal de Cuentas, insistió en posibles irregularidades, pero Arturo Torró cambió de opinión en septiembre de 2014, cuando el tribunal también implicó a su concejal de Hacienda, Guillermo Barber, por haber abonado, ya en el mandato del PP, una de esas facturas. Entonces Torró remitió un escrito a los jueces en el que retiraba la denuncia porque «todo estaba bien». Pese a eso, la acusación siguió contra Ana García y Jorge García, dado que el Ministerio Fiscal continuaba considerando que había irregularidades.
Tras tomar declaración a ambos e inspeccionar las pruebas, ahora el Tribunal de Cuentas ha absuelto a los dos acusados, eximiéndoles de toda irregularidad contable.
Dice el tribunal en su sentencia que el Ayuntamiento de Gandia no solo pagó facturas a UGT, sino a otras entidades que realizaban congresos o actos con la asistencia de un gran número de personas porque eso entraba en las acciones que, con dinero público, pretendían promover la ciudad como destino turístico y de congresos. «Era una práctica habitual» porque «reportaba beneficio económico, bien en la ocupación de plazas hoteleras, de restauración y de diversas actividades de ocio», señala la sentencia, que concluye de forma tajante que «no son pagos irregulares».
«No se pagaron mariscadas»
Lo mismo pensó el sindicato UGT. Cuando Torró denunció esos pagos, el entonces secretario comarcal, Raül Roselló, indicó que estaba dispuesto a aclarar cada una de las facturas, negó que con ese dinero se hubiesen pagado mariscadas, como aseguró el PP, y concluyó que el exalcalde del PP había reaccionado así tras la sentencia, ganada por UGT, que declaraba ilegales los despidos de las trabajadoras de las «escoletes» municipales.
Roselló también acusó al Gobierno local del PP, y especialmente al exalcalde, de haber difamado al sindicato por la actitud combativa de sus representantes en el Ayuntamiento de Gandia, especialmente de Andrés Bertó y Eduardo Martínez, que en no pocas ocasiones se enfrentaron a Torró y al Gobierno local del PP por cuestiones laborales o su política de personal.
