El grupo municipal del PP de Gandia acusó ayer el Gobierno local del PSPV y Mes Gandia de pagar 49 millones de euros en facturas con reparo de legalidad por parte del interventor en solo un año de legislatura. Es un acto administrativo que desaconseja hacer frente a una factura porque hay otra prioridades que se deben asumir con el dinero público.
Los populares han contabilizado más de 300 alzamientos de reparo por parte de Diana Morant. Esto es que la alcaldesa, bajo su responsabilidad, permite saltarse dicho reparo para que se puedan abonar los gastos.
Según el concejal del PP, Guillermo Barber, cada uno de esos alzamientos puede contener una media de diez o doce reparos, por lo que a su entender, los impedimentos se contarían por miles.
Barber reconoció que su gobierno también vivió la misma situación (llegó a acumular más de 5.000 reparos) durante la legislatura anterior debido a la «inestabilidad económica». Esta situación, añadió, fue aprovechada entonces por el PSPV y Compromís para atacarles. «Nosotros no vamos a ser oposición chatarra y no haremos como ellos, que no dudaban en ir enseguida a los juzgados», apuntó Barber.
El concejal popular añadió que «somos responsables y conscientes de que si se hiciera caso a los reparos se pararía la administración y eso afectaría a los ciudadanos».
El responsable de Hacienda, Salvador Gregori, acusó al PP de «no saber qué quieren ser da mayores; Nos piden que paguemos y luego nos dicen que es ilegal».
El coordinador general señaló que «hemos establecido un plan de tesorería donde se estipulan milimétricamente todos los pagos». «El PP no puede dar lecciones después de dejar 75 millones de deuda comercial», sentenció.
