El Ayuntamiento de Gandia ha tenido que reconocer la improcedencia de cuatro despidos realizados al poco tiempo de que entrara el nuevo Gobierno local del PSPV-PSOE y Més Gandia llevados a cabo en la empresa municipal IPG.
En septiembre de 2015 cuatro operarios de SaforBici contratados en la anterior legislatura del PP perdieron su empleo y, posteriormente, demandaron a la empresa municipal. Ayer, en un Acto de Conciliación que evita tener que llegar a juicio, el ayuntamiento aceptó que su proceder no fue el correcto y tendrá que abonar indemnizaciones que rondan los tres mil euros a cada uno de ellos. En total suman 12.200 euros.
El PP, que reveló este acuerdo, señala que este es un ejemplo más del «asalto a la alcaldía» que según el concejal Vicent Gregori, protagonizó la alcaldesa Diana Morant y señaló que, por despidos improcedentes, el consistorio ya ha pagado unos 60.000 euros.
El Gobierno local respondió que, aunque los trabajadores «no deben nada», todos ellos fueron contratados de forma irregular en la empresa pública.
