Los alcaldes de la Safor, la mayoría de los cuales están obligados a contender el gasto y a limitar las inversiones con dinero público a aquellas obras estrictamente necesarias, van a disponer de otro balón de oxígeno para poder inaugurar proyectos gracias a la segunda fase del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Valencia.
Esa actuación, que en algunos casos será la única inversión pública importante en muchos meses, supone, en el conjunto de la comarca, más de dos millones de euros, que se suman a los siete que ya están invertidos o con obras en marcha, correspondientes a la primera fase de este mismo plan.
En este caso, sin embargo, se han excluido los municipios de más de cinco mil habitantes, que en la comarca de la Safor son Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna y Xeraco, que disponen de otros convenios singulares para beneficiarse del dinero de la diputación.
La mayoría de alcaldes han optado por financiar mejoras urbanas que quedarán a la vista de los vecinos, entre ellos algunos singulares. Es el caso de Bellreguard, que, como informó ayer este periódico, remodelará la avenida del Mar, una de las calles principales del municipio, o Almiserà, que aprovechará este plan para mejorar el acceso a la localidad desde Llocnou de Sant Jeroni.
En Miramar, como también adelantó este diario, la mayor parte de la inversión servirá para la demolición de dos viviendas en el centro de la localidad y reordenar ese espacio urbano.
Son muchos los servicios esenciales que se financiarán en distintos municipios. Ador mejorará el abastecimiento de agua potable a la localidad, y como proyecto singular, destaca que Benirredrà aplicará un sistema de descalcificación para el agua que distribuye a través de la red pública.
Todo el dinero destinado a Daimús se invertirá en el soterramiento de contenedores de basura, mientras que Barx reserva una pequeña parte para situar una pantalla táctil que permita a los turistas informarse sobre los muchos atractivos que tiene esta pequeña localidad.
En todos los casos, han sido los ayuntamientos los que han decidido libremente a qué se destina la ayuda, que va desde los 30.000 a los 120.000 euros dependiendo del número de habitantes.
La inversión proviene del remanente de 2015 de la diputación, y, según señala el presidente de la institución, Jorge Rodríguez, permitirá que «en lugar de aumentar las ganancias de los bancos», crear o mantener alrededor de un millar de puestos de trabajo en las comarcas valencianas».
Este montante se suma a los 71 millones de euros del remanente de 2014 que ya se han invertido en 1.200 obras y han permitido crear 2.400 puestos de trabajo. El presidente de la Diputación destacó que la primera fase de este Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles ha sido «un éxito» y que esta nueva edición de ayudas también se ha hecho siguiendo los objetivos que se marcaron en su momento. «Que el dinero se invierta pensando en las personas y no en los bancos, que las adjudicaciones se hagan mediante criterios objetivos y respetando la autonomía de los alcaldes, y que las obras sean sostenibles».
Por su parte, el diputado de Cooperación Municipal, Emili Altur, destacó el carácter objetivo de los criterios de reparto de estas ayudas, en función del número de habitantes partiendo de una base «justa y solidaria para que los pequeños municipios mejoren el día a día de sus vecinos» mediante inversiones sostenibles y sin costes complementarios.
Por un lado, los municipios de hasta 500 habitantes han recibido 30.000 euros fijos más una variable de 13,70 euros por habitante. Por otro lado, aquellos de entre 500 y 5.000 habitantes han contado con 50.000 euros más la misma variable de 13,70 euros por habitante. De esta forma, la escala contempla ayudas aproximadas de entre 30.000 y 120.000 euros, según el número de habitantes de los municipios y en la franja en la que se encuentren.
En función de estas franjas, los municipios de menos de 100 habitantes han recibido algo más de 30.000 euros. Los de entre 100 y 500 habitantes han alcanzado 30.000 y 40.000 euros. Los municipios de entre 500 y 2.000 se sitúan de los 60.000 a los 80.000 euros. Y los municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes han recibido de 80.000 y 120.000 euros.
