El Ayuntamiento de Oliva ha aprobado la modificación de la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos para adaptarla a la actual legislación estatal vigente.
Estos textos, además de avanzar en la protección de los animales, regulan de una forma más adecuada la cuestión de las sanciones.
Por ello, el consistorio olivense, sumándose al anuncia que también realizó la pasada semana el de Gandia, va a empezar a aplicar la «mano dura» contra aquellos que no respeten la normativa y dejen sin recoger los excrementos que sus perros depositan en la vía pública.
La concejala de Salud Pública, Imma Ibiza, señalaba ayer que en Oliva existe desde el año 2002 existe una ordenanza de animales que incluye un régimen sancionador. Sin embargo, hasta ahora no se había aplicado y los agentes de la Policía Local y la propia administración, se habían dedicado a realizar labores de pedagogía y concienciación para que los vecinos no dejaran por recoger las heces de sus mascotas.
La cuantía de las sanciones, que tienen la consideración de leves, oscila entre los 30 y los 600 euros. «El principal reto que tiene la administración actualmente es hacer respetar los derechos de los animales así como también los de los ciudadanos a vivir en una ciudad salubre, libre de excrementos y mantener una convivencia saludable», apuntan desde el consistorio en un comunicado.
De ahí que la nueva normativa regula expresamente el régimen sancionador que hará cumplir en materia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos y otros colectivos que requieren tener el núcleo zoológico.
La edil también hace una autocrítica, y manifiesta que «para prohibir y regular conductas se deben dar soluciones a quienes tienen animales y habilitar zonas para su esparcimiento. Tanto para h sus deposiciones como para relacionarse entre sí», señalaba.
Por este motivo, la concejala está trabajando en la instalación de tres parques caninos repartidos en tres zonas (Gasolinera Rebollet, Conservatorio y Sant Francesc). En todo caso, la idea es realizar una consulta ciudadana para dirimir la ubicación concreta que desean los vecinos.
