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La Fiscalía confirma que no se investiga al exalcalde de Villalonga por la peatonalización

? En un escrito remitido a Juan Ros, le deniega el expediente por no ser ni sospechoso ni investigado

Juan Ros, alcalde de Villalonga durante los años en que se llevó a cabo el proyecto de peatonalización del centro de esta localidad, no está ni investigado, ni es sospechoso, ni está denunciado en la causa abierta por la Fiscalía de Valencia que, como publicó este periódico, está tratando de determinar si se cometieron delitos contra la Administración en una obra llevada a cabo con dinero de la Generalitat que costó 2,5 millones de euros.

El exalcalde del PP, que se vio salpicado por esa investigación judicial al ser la persona que aprobó el proyecto y durante el cual se realizaron los sospechosos cambios de material que abarataron la obra, presentó un escrito ante la Fiscalía de Valencia solicitando acceso a la documentación con el fin de determinar si a él se le atribuye alguna falta o delito.

La Fiscalía ha respondido denegando la entrega de documentación a Ros porque, según señala en ese mismo documento, «el solicitante no es parte en las presentes diligencias, ni sospechoso, ni denunciante, ni perjudicado», de manera que «no se aprecia la concurrencia de un interés legítimo» en Juan Ros.

En ese mismo escrito se aclara que lo que un juzgado está tramitando tiene un «carácter reservado» y añade que, como informó en su día este periódico, se trata de una «investigación penal» de la que, de momento, no se puede entregar copia.

El pasado 13 de enero varios agentes de la unidad de delitos contra la Administración de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento de Villalonga y, tras permanecer cinco horas en su interior, se llevaron fotocopiado todo el expediente de una obra que generó polémica en la localidad. Nadie informó a las autoridades locales del motivo de la visita, si bien se sospecha que existen dos causas que podrían motivar la investigación penal. Una el cambio de materiales en el transcurso de la obra y otra la devolución de la fianza a la empresa constructora a pesar de que existían informes técnicos que advertían de serias deficiencias en su ejecución y acabado.

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