«Yo estoy tranquilo porque no hay nada de nada, pero esto es lo que le va a gobiernos como el de Diana Morant, que son incapaces de ganar e las urnas y ahí están, a ver si tiran a Arturo Torró, y lo que van a conseguir es que me harte, me vuelva a presentar a las elecciones y les gane».
Así reaccionó ayer Arturo Torró al auto de la Audiencia de València que reabre el llamado caso Tele7, que fue archivado el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, al apreciar que existen claros indicios de delitos de corrupción.
Como adelantó ayer Levante-EMV, la Audiencia interpreta, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que Torró, en connivencia con otras personas, pudo haber desviado dinero de la empresa municipal IPG hacia mercantiles controladas por él gracias al contrato firmado en 2012 para la emisión de programas de televisión local en Gandia.
El exalcalde del PP, tras el contenido del auto de la Audiencia Provincial, declaró que el caso se ha reabierto «porque el fiscal ha expresado sus dudas en torno a la participación de Comarques Centrals Televisió, a través de su representante, Ricardo Faura» y que «tiene alguna duda en sus declaraciones».
Respecto a su participación sobre las sospechas de la Fiscalía, que apunta a un desvío de dinero del ayuntamiento a sus empresas, Arturo Torró negó cualquier delito en el contrato de las dos televisiones. «Yo estoy tranquilo porque no hay nada de nada», dijo, y relacionó la querella de los socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell en que «esta gente tiene que vivir de esto y para vivir de esto hay que ganar en las urnas y como saben que la gente no le apoya, van a los tribunales». El exalcalde e mostró convencido de que «el caso se va a volver a cerrar, pero mientras van haciendo ruido y dañando la imagen de la gente».
Acusaciones a Salvador Marí
Por otra parte, el PP de Gandia se hizo eco ayer de una denuncia anónima en la que se implica al asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gandia, Salvador Marí.
Según dijo Alberto Moratal, Marí podría haber cometido delitos al ofrecerse a reclasificar terrenos situados junto al campo de golf de la Casona, amenazando al Gobierno local con no aprobar el presupuesto de 2017 si no accedía a ello. Marí, con quien habló este periódico, negó los hechos.
