Hace seis meses, el Ayuntamiento de Oliva anunciaba por todo lo alto la adquisición de la pieza central de la cruz del término, datada de 1530. Lo hizo como uno de los hallazgos históricos más importantes de los últimos años para la ciudad y que, dada su importancia, no podía dejar pasar la oportunidad de hacerse con ella. Era diciembre y el Gobierno local quiso que dicho elemento fuera contemplado por todos los olivenses en unas fiestas tan importantes como las navideñas. Por ello, la expuso durante varias semanas en el salón de plenos antes de trasladarla al Museo Arqueológico, donde se encuentra ahora mismo. El departamento de Cultura, que gestionó aquella operación, invirtió casi 6.000 euros en cerrar la operación.
Aquella adquisición va camino de convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el consistorio, que podría acabar, incluso, con la devolución de la pieza, de ser cierto lo que ha denunciado una mujer de Dénia
Según se acaba de conocer, Elisa Gilabert, propietaria original del capitel, ha presentado una querella contra un anticuario de Dénia por el presunto robo de la pieza antes de ser vendida al consistorio olivense.
En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, Gilabert asegura que esta pieza histórica estaba en casa de su familia y que la entregó a este anticuario ahora demandado para «su estudio y valoración». Según su versión, este, en cambio, comerció con la pieza sin tener, siempre según la demandante, propiedad sobre ella ni tampoco premiso para hacerlo.
El encuentro donde se cerró el acuerdo de cesión con el anticuario se llevó a cabo en la casa donde se encontraba custodiada la pieza y con otra persona como testigo, según figura en la demanda que ha entrado en un juzgado de la ciudad de Gandia.
En medio de este litigio judicial se encuentra el Ayuntamiento de Oliva, que adquirió la pieza después de que Josep Antoni Gisbert, arqueólogo municipal de Dénia, la hallara «por casualidad», como él mismo comentó en su momento, en poder de un anticuario de esta misma localidad. De hecho, la denunciante incluso llega a hablar de «connivencia y colaboración» del propio Gisbert en este asunto.
El Ayuntamiento de Oliva adquirió la pieza a l'Antiga Dénia, una empresa de antigüedades de la capital de la Marina Alta, que fue la que emitió la factura, y a quien el consistorio abonó los 6.000 euros del coste de la pieza.
«La adquisición por parte del ayuntamiento se llevó a cabo de forma totalmente legal, con factura, un informe técnico que acreditaba su valor y todos los trámites que se requieren en la administración para una compra de este tipo», señalaba ayer a Levante-EMV el concejal de Cultura, Enric Escrivà. «Otra cuestión es que el anticuario la vendiera sin consentimiento de la propietaria», señalaba el edil al respecto, algo que escapa a las competencias del ayuntamiento.
El consistorio asegura que desconocía en manos de quién estaba la cruz antes de que se le ofreciera a Gisbert porque «fue algo que no se investigó», al contrario de su procedencia histórica, de la que sí que se hace referencia en el informe del arqueólogo.
Escrivà reconoce que, debido a este conflicto, Oliva podría verse obligado a devolver la pieza a su propietaria, si así lo dirime el juez, y aseguró que si eso ocurre, «estudiaremos tomar algún tipo de medidas legales».
Josep Antoni Gisbert, que gestionó parte de la operación y elaboró el informe que acreditaba el valor histórico la pieza, no quiso ayer hablar con este periódico para ofrecer su versión sobre la cuestión.
El juez llama a cinco personas
La querella ha sido admitida por parte del juzgado de instrucción número 3 de Gandia. Según el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico, por el momento cinco personas han sido llamadas a declarar en calidad de testigos. Se trata de los arqueólogos municipales de Dénia, Gisbert, y de Oliva, Vicente Bruguera, además de la mujer que presenció el supuesto acuerdo al que llegó la propietaria con el anticuario, un conocido de esta y el representante de la empresa l'Antiga Dénia. Al Ayuntamiento olivense le solicita todo el expediente de adquisición de la pieza. De momento no hay imputados.
