A veces la justicia, por lenta, resulta un tanto inútil. Y así ha ocurrido con la sentencia que, el pasado 6 de junio, emitió la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) al permitir a Vicent Mascarell, exconcejal del PSPV de Gandia y actual coordinador de Urbanismo del ayuntamiento, disponer de todo tiempo que necesite para consultar las cuentas de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG) del año 2012.
Fue allá por el año 2013 cuando Mascarell solicitó al entonces alcalde de la ciudad, Arturo Torró, poder revisar esas cuentas de IPG cuando ya había sospechas de irregularidades en la gestión de esa mercantil. Después de mucha insistencia del concejal socialista, Torró accedió a que revisase las cuentas públicas, pero solo el día 8 de noviembre, y de 10 a 11 de la mañana.
Vicent Mascarell, considerando que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales, recurrió dicho decreto, lo que derivó en otro mediante el que el alcalde del PP le autorizaba ver las cuentas el 27 de noviembre durante dos horas. El tiempo se había duplicado, pero aun así el solicitante no quedó contento porque consideraba que debería disponer de una semana en horario de 9 a 14 horas «como es habitual en la Administración».
El conflicto acabó en los tribunales y el ayuntamiento perdió una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 5 de València que llegó el 23 de marzo de 2015, a punto de terminar la pasada legislatura.
Ni así el PP se avino a la razón y optó por pagar a un abogado para presentar un recurso ante el TSJ. Han tenido que pasar dos años más para que el alto tribunal vuelva a dar la razón a Vicent Mascarell, anulando el decreto del alcalde Torró y autorizando al socialista a poder revisar la cuenta general de IPG del año 2012 como él estimaba oportuno.
Esa resolución judicial, obviamente, llega tardísimo. Después de que el PP perdiera la mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2015, propiciando un nuevo Gobierno local integrado por el PSPV-PSOE y Més Gandia con el apoyo de Ciudadanos, los grupos que antes eran oposición pasaron a dirigir la ciudad y Vicent Mascarell llegó a ser presidente de IPG , por lo que, con el cambio de ciclo político, pudo tener acceso a cuanta documentación existía en esa mercantil plagada de escándalos.
Aun así esta sentencia ha puesto de actualidad los motivos por los que el PP decidió fijar tantos obstáculos a la hora de entregar esos documentos debidamente y otorgar todo el tiempo necesario para ello.
Obligado a pagar las costas
Una parte de la documentación que requirió Mascarell sencillamente se había esfumado porque, como tuvo que reconocer el propio Gobierno local en 2014, sorprendiendo a propios y extraños, un ordenador «petó» y se perdieron los registros de facturas abonadas desde el año 2006 hasta mediados de 2013. Algo inaudito, más aún cuando, como se dijo para mayor asombro, nadie había sido mínimamente precavido y había realizado una copia de esa relación.
Las explicaciones dadas, consistentes en un fallo fortuito en el ordenador, nunca llegaron a convencer a todos, y aún hoy existen sospechas de que esa «misteriosa» desaparición de documentos tenía como intención ocultar la gestión llevada a cabo en IPG.
Por cierto, el TSJ, en su sentencia, insiste en algo que se ha dicho reiteradamente: que IPG formaba parte de la Administración local y que, como tal, su documentación podía ser revisada por los concejales del ayuntamiento. El tribunal estima que el PP «dificultó el derecho de acceso a la documentación relativa al ejercicio de sus funciones», y, para colmo, obliga al ayuntamiento a pagar las costas procesales.
