Hace décadas que la comarca de la Safor, casi de forma unánime, exige que la autopista AP-7 sea libre de peaje para que absorba el tráfico de largo recorrido y se evite así que el tráfico siga pasando por el interior de los municipios. Y ahora resulta que cuando eso será una realidad, el 1 de enero de 2020, ni el Ministerio de Fomento ni la Generalitat Valenciana habrán ejecutado los proyectos imprescindibles para conectar la actual red viaria a esa futura autopista gratuita, de manera que ese día buena parte del tráfico rodado tendrá que seguir atravesando los núcleos urbanos de Bellreguard, Palmera, l'Alqueria de la Comtessa y Oliva, con las molestias, riesgo y problemas que eso genera.

No es extraño que, ante ese fracaso de la Administración a la hora de poner soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Bellreguard haya querido llamar la atención sobre la necesidad de acometer ya, de forma urgente, esos proyectos.

De eso trató la mesa redonda sobre movilidad en la que participaron el concejal de Urbanismo de Bellreguard, Joan Marco, el director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, Jesús Alba, y el economista y concejal en el Ayuntamiento de Potries, Damià Oliver. En el caso de Jesús Alba, su aportación se hizo desde la experiencia de haber realizado estudios sobre la contaminación acústica que genera el tráfico por las travesías urbanas de la N-332 en la Safor. Y Damià Oliver habló desde el conocimiento de haber dirigido estudios sobre cómo articular el tráfico en la Safor, y concretamente las líneas de transporte público, para dar el mejor servicio a los ciudadanos.

En la mesa redonda, titulada «Per una mobilitat segura,accessible i sostenible», se llegó a la conclusión de que ya deberían estar claras las obras a ejecutar, incluso que debería estar en marcha, para aprovechar al máximo la autopista AP-7 como gran vía de comunicación en esta comarca, algo que solo se está haciendo con el enlace de la N-332, la carretera de Pego y la AP-7 al sur de Oliva.

Durante su exposición, Jesús Alba indicó que las travesías de la N-332 por los municipios de la Safor supone un claro incumplimiento de la legislación valenciana y española en materia de ruido, dado que se superan los límites para una vida sana. En la actualidad, los vecinos que viven junto a la carretera soportan un nivel de energía acústica de 16 a 32 veces superior a la permitida, y para adaptarse a la ley habría que reducir a una cuarta parte los vehículo que la transitan y prohibir el paso de los vehículos pesados.

Posteriormente Damià Oliver, quien también dijo que se incumple la ley valenciana de movilidad, indicó que la eliminación del peaje de la AP-7 se presenta como una de las soluciones, pero lamentó que la gratuidad llegará el 1 de enero de 2020 « y aún no se ha hablado de conexiones», lo que prolongará innecesariamente el sufrimiento de quienes soportan diariamente el intenso tráfico de la N-332.

Oliver también apeló a elaborar un plan de movilidad comarcal que permita desarrollar otros sistemas de transporte, sobre todo públicos. En ese aspecto, señaló que se necesita actuar sobre las concesiones de taxis, la necesidad de articular una auténtica red de autobuses que comunique las principales poblaciones con los municipios pequeños, o la prolongación de la vía férrea desde Gandia a Oliva.

En el ámbito concreto de Bellreguard, el concejal Joan Marco indicó que desde el Gobierno local se ha hecho todo lo posible para paliar los efectos nocivos y el riesgo que genera el tráfico de la N-332 en este y otros municipios.