La ciudad de Gandia concentra el 58% de todo el dinero que el Gobierno de España ha inyectado a lo largo de este año a municipios valencianos para ayudar en el pago a proveedores y otros conceptos. En total, el ministerio de Hacienda ha invertido en ciudades de la Comunitat Valenciana 52 millones de euros, de los que 31 han ido a parar a la capital de la comarca de la Safor.
Esta cifra viene a demostrar la maltrecha situación en la que se encuentran las arcas municipales de la ciudad y, sobre todo, el reconocimiento por parte de Cristóbal Montoro de la precaria situación en la que la gestión del PP dejó en la ciudad entre el 2011 y el 2015.
Por detrás de Gandia, pero muy lejos en cuanto a cantidad ingresada, se encuentran Albaida y Novelda, con seis y tres millones de euros respectivamente. A estos les siguen ya ciudades como Altea, Alcoi, Benijófar o Bigastro, con algo más de un millón de euros.
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, fue el encargado de dar a conocer estas cifras y recordó, a su vez, que los municipios con dificultades económicas disponen de un tipo de interés preferencial para regularizar su situación de deuda y devolver el dinero a través de operaciones de crédito y «no a través de la retención de su participación en los ingresos del Estado».
Moragues señaló también que esta decisión tiene un «impacto directo» en la tesorería de los municipios con «una reducción importante de costes financieros, ya que se traduce en menos tensiones y mayor liquidez para destinar a pagar a proveedores y a políticas sociales».
Pago de la deuda
El coordinador general de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, explicó ayer a este periódico que, del dinero recibido, unos 14 millones de euros se han destinado a pagar sentencias por impagos del PP como los 11 millones de los párquings, 1,3 por los intereses de demora del solar del cine Bulevar y a la empresa FCC.
El resto de las ayudas que han llegado desde el Estado durante 2017 han servido para pagar deuda comercial, es decir, proveedores, tanto del propio ayuntamiento como de la empresa pública, IPG, ya liquidada.
