El Gobierno de Oliva ha cumplido con su palabra y, como ha venido pronosticando desde hace tiempo, se ha incorporado al club de esos ayuntamientos privilegiados que, en época de vacas flacas, se ha quedado con deuda cero. En esa lista figuran, en la comarca de la Safor, municipios como Miramar, Beniflà, Palmera o Almiserà, pero lo habitual, aquí, y en el resto de la Comunitat Valenciana y de España, es soportar números rojos para muchos años.

Según informó ayer el concejal de Hacienda olivense, Vicent Canet, el ayuntamiento ha cancelado anticipadamente los tres últimos préstamos que le quedaban, por un valor de un millón de euros. Así, en los dos años y medio transcurridos desde las últimas elecciones municipales el actual equipo de gobierno, formado por Compromís, Projecte Ciutadans d'Oliva, Esquerra Unida-Acord Ciutadà y Gent d'Oliva, ha hecho frente al pago de 11,4 millones de euros correspondientes a los 10,6 millones que heredó de la anterior legislatura, más los 750.000 euros del único préstamo realizado desde entonces.

«Acaba así un círculo vicioso generador de gasto», señala el Gobierno local en una nota de prensa en la que añade que el ayuntamiento «comienza un nuevo horizonte económico, más sostenible y saneado, que permitirá lograr mayores inversiones y servicios, sin aumentar la carga fiscal a la ciudadanía».

Según señala el concejal de Hacienda, Vicent Canet, la importancia de estar con deuda cero se resume en que se dejará de abonar intereses a los bancos, «que no revierten en la mejora de la ciudad o de los servicios municipales», y en el hecho de que esta situación económica tendrá una evidente incidencia más allá de esta legislatura. La corporación municipal, el Gobierno local y el alcalde que surja de las elecciones que tendrán lugar en junio de 2019 se encontrarán un panorama económico saneado después de casi dos décadas en las que ha sido necesario aplicar restricciones y austeridad.

El concejal Canet aprovechó esta situación para pedir al Gobierno de España que modifique las leyes que, en su opinión, cercenan la autonomía local consagrada en la Constitución Española y levante las restricciones que el PP aprobó para impedir que los ayuntamientos pudiesen destinar más dinero para la mejora de servicios públicos, o la prohibición de contratar a más personal.

Este último aspecto es el que más preocupa al Gobierno local olivense. Hace unas semanas una serie de errores cometidos en la gestión municipal llevó a la conclusión de que era necesario contar con más personal especializado en distintos departamentos. Pero a pesar de que Oliva ya está en una situación envidiable, tampoco así puede incrementar la plantilla para atender sus necesidades porque el Ejecutivo de Rajoy carga sobre los municipios una gran parte de las políticas tendentes a reducir la deuda y el déficit público del conjunto de las administraciones españolas.