El Gobierno local de Gandia, en su habitual reunión de los lunes, aprobó ayer la resolución definitiva de la concesión de una parcela situada en la calle Perú número 57, junto al instituto Tirant lo Blanc, donde una empresa levantó un bloque de viviendas que hoy se ha convertido en uno de los más conflictivos de la ciudad. Las obras, además, nunca fueron acabadas.
Ese acuerdo supone, de hecho, el último paso para que el ayuntamiento pueda ejercer la propiedad de todo el edificio. Aún no se sabe qué se hará cuando eso se pueda formalizar, pero una de las hipótesis es que se tapien los accesos y se vacíe de inquilinos.
El Gobierno, ante lo que considera que son claros y reiterados incumplimientos de la empresa que construyó el edificio, ha decidido ejercer el derecho de quedarse con la fianza, que supera los 160.000 euros, y considera que será suficiente resarcir a la mercantil o al Administrador Concursal que ahora la gestiona, con el pago de unos 400.000 euros.
«Se acabó la paciencia del Ayuntamiento de Gandia, que debe velar para que se cumplan todos los contratos y sus obligaciones», declaró el concejal Prieto, quien explicó que los motivos legales para la medida adoptada pasan por incumplimiento del pliego de condiciones que obligaban a la empresa a reparar los daños, mantener las instalaciones en condiciones higiénico sanitarias, o el pago de un canon económico al ayuntamiento en concepto de cesión del solar.
«Todo ha sido desatendido por la concesionaria. Todo ha sido incumplido. También la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas prevé la extinción de las concesiones demaniales por impago del canon que, junto con las anualidades que se deberían haber satisfecho, asciende a un total de 429.000 euros. hay una obligación, reconocida en la escritura, de considerar, como así hemos hecho, en el ICO como acreedor hipotecario preferente, para determinar la cuantía de la indemnización a recibir por parte del Ayuntamiento», explicó el concejal Prieto.
El Ayuntamiento de Gandia es consciente que este largo proceso para recuperar la propiedad de la parcela, que ahora incluye el edificio construido sobre ella, puede todavía prolongarse mucho en el tiempo. La empresa constructora y promotora de la obra está planteando recursos judiciales contra cada acción municipal, y es más que probable que la resolución definitiva venga dictada por un juez.
Dictamen del Consell Jurídic
Por ese motivo, el ayuntamiento está asegurado cada paso que da para tener la garantía jurídica de no vulnerar la ley. En este caso, José Manuel Prieto dijo que si la empresa se opone a la resolución adoptada ayer, se solicitará un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
No hay fechas, pero el Gobierno local confía que, en dos o tres meses, sea cual sea el alcance del conflicto jurídico que se pueda generar, la ley le permita inscribir el edificio entero, de 72 viviendas, y adoptar las medidas que considere para poner fin a la ocupación ilegal de muchos de esos pisos, como ocurre ahora.
