El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de València ha dado la razón al Ayuntamiento de Gandia en el litigio que la empresa Becos SL, gestora de la discoteca Cocoloco, inició el mes de mayo del año pasado para tratar de cobrar los 1,9 millones de euros, que, a su entender, había dejado de ganar por el cierre, en febrero de 2013, del local que estaba ubicado en el paseo marítimo Neptú de la playa gandiense, una operación que llevó a cabo el anterior Gobierno local del PP, presidido por Arturo Torró.
Dicho establecimiento pertenece a los hermanos Costa Belenguer, que lo tenían arrendado la mercantil que gestiona la discoteca (ahora ubicada en otro edificio). A raíz de un acuerdo con el ayuntamiento, en febrero de 2013, Becos SL cerró la discoteca y perdió la licencia para operar en ese espacio. El local de primera línea de la playa pasó a ser alquilado, a razón de 10.000 euros al mes, por la empresa pública IPG, en una operación que, según los dirigentes municipales de entonces, buscaba alejar del paseo marítimo las actividades ruidosas.
Los argumentos judiciales para desestimar las peticiones de la empresa son muy claros. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, indica que la decisión de cerrar la discoteca fue «voluntaria» por parte de la compañía. De hecho, ese acuerdo se plasmó mediante un contrato que, en una de las cláusulas, señala expresamente «el cese del arrendamiento con el consentimiento de Becos SL».
El magistrado estima que «si, como consecuencia de la celebración del contrato en cuestión, la mercantil Becos SL dejó de efectuar la actividad o pasó a realizarla en otro lugar, acarreándole gastos o pérdidas, esos efectos patrimoniales no se derivan de la revocación de la licencia, sino de su voluntario cese en la condición de arrendataria». En consencuencia, «no existe conexión entre la anulación de la licencia y la serie de perjuicios por los que la demandante reclama la indemnización», indica la resolución. Va más allá al apuntar que, en caso de que se produjera algún prejuicio económico, sería, en todo caso, «a los propietarios del local, los hermanos Costa Belenguer» y no a la sociedad Becos SL, que es la que presenta el contencioso. El juez también impone las costas del proceso a la empresa, aunque la decisión puede ser recurrida por parte de los demandantes.
Una operación muy cara
De momento, y gracias a esta sentencia, el Ayuntamiento de Gandia ha podido evitar que lo que iba a ser una operación «a coste cero», como le gustaba decir al exalcalde, Arturo Torró, se convierta en un auténtico quebranto para las arcas públicas. Y es que, el caso Cocoloco ya ha costado al consistorio 350.000 euros por los meses de alquiler del local que no se le abonaron a los propietarios. Fue a través de un acuerdo extrajudicial, ya que estos reclamaron, vía demanda judicial, 600.000 euros por este concepto. El anterior gobierno no llegó a pagar ni un euro en dos años pese a que se comprometió a abonar 10.000 al mes.
Además, el ayuntamiento también pagó casi un millón de euros para la compra de varios solares propiedad de Becos SL en la zona en la que está previsto el PAI de ocio de la playa, junto a la carretera Nazaret-Oliva.
