No es habitual que un ayuntamiento de tamaño mediano, como es Oliva, se enfrente en los tribunales nada menos que al Gobierno de España, pero en este caso el alcalde de esta ciudad, David González, asegura haberse visto obligado a hacerlo porque no se le ha dado otra opción y porque está en juego nada menos que el planeamiento urbanístico de la ciudad.
Asesorado por especialistas en la materia y con los informes de técnicos sobre la mesa, este ayuntamiento acaba de presentar ante el Tribunal Supremo un contencioso administrativo para intentar anular el decreto de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que, en la práctica, impide dar licencias de obra, incluso para modificar construcciones ya existentes, en gran parte de las zonas urbanas y urbanizables de Oliva, especialmente en el área situada entre la carretera Nacional 332 y la línea del mar.
Lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy sin consulta previa, sin periodo de alegaciones y sin intentar el consenso con la Generalitat y los ayuntamientos afectados fue una modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico que condiciona todo tipo de construcción y otras actuaciones en aquellos espacios, incluyendo los urbanos y urbanizables que, de acuerdo con los informes técnicos, pueden inundarse a causa de las fuertes lluvias.
En el caso de Oliva, se incluyen zonas que se podrían inundar en periodos tan largos como una vez cada 500 años. Así, los edificios de viviendas se tendrían que elevar hasta dos metros sobre el suelo, no podría haber sótanos, se tendrían que cerrar bloques «como si se tratara de un submarino» o deberían contar con sistemas de evacuación superior. Eso afectaría también a los inmuebles existentes, de manera que ya no se podrían dar licencias de obra mayor a ningún edificio.
Para naves o edificios industriales, la situación es tan kafkiana que, según recogen los informes técnicos, se limita el acceso de carga y descarga para camiones, haciendo inviable su existencia.
En la práctica, de nada servirían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las normas de construcción aprobadas y consensuadas por el Ayuntamiento de Oliva y la Generalitat porque, si se atiende este decreto del Ministerio de Medio Ambiente, hay que denegar licencias que hasta ahora se habrían otorgado sin ningún problema.
Pero es que, además de eso, el Ayuntamiento de Oliva ha detectado errores mayúsculos en el decreto de García Tejerina. La cartografía utilizada por el Gobierno español no está actualizada, los mapas de inundabilidad del ministerio son mucho menos precisos que los que, durante muchos años, han elaborado el ayuntamiento y la Generalitat atendiendo a la inundabilidad real ocurrida durante distintos episodios de fuertes lluvias. Tampoco figuran las muchas obras que, durante décadas, se han ejecutado para facilitar el drenaje del agua de lluvia, reduciendo significativamente el riesgo de inundación en muchas zonas. Entre ellas destaca el el inacabado plan de la Rambla de la Gallinera y el río Alfadalí.
Recurso de la Generalitat
A todos esos argumentos se unen otros que también figuran en el recurso judicial interpuesto por el Ayuntamiento de Oliva, como es el hecho de que el decreto del Ministerio de Medio Ambiente aparentemente invade competencias de la Generalitat, administración encargada de aprobar el planeamiento urbanístico en toda la Comunitat Valenciana. Como en su día publicó este periódico, la Generalitat también interpuso un recurso judicial que sigue su trámite y que va en el mismo sentido de anular el decreto del Gobierno español.
El alcalde de Oliva, David González, señaló ayer a este periódico que la vía judicial se ha iniciado después de que se instara al Ministerio de Medio Ambiente a rectificar o a negociar una norma con todas las administraciones implicadas. Isabel García Tejerina no tuvo en cuenta esa petición y contestó con un escrito que ratificaba el decreto ahora impugnado.
