El conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Bellreguard y la Delegación del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana a cuenta de las señales de tráfico cuya leyenda está exclusivamente en valenciano va a terminar en un procedimiento judicial y, por lo tanto, se tendrá que resolver por sentencia.
Así lo ha anunciado el Gobierno, que ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recopile toda la documentación y presente un recurso contencioso administrativo con el fin de obligar, mediante resolución judicial, a que el Ayuntamiento de Bellreguard rotule en castellano, además de en valenciano, las señales de tráfico del casco urbano que contienen leyenda.
La cuestión se remonta a hace más de un año, cuando un ciudadano presentó una queja al Síndic de Greuges y a la Delegación del Gobierno tras haber sido sancionado por aparcar en un lugar prohibido y cuyas señales estaban en valenciano. Esos dos organismos requirieron al ayuntamiento a «cumplir con la ley» por considerar que las señales deben estar escritas al menos en castellano, pero el consistorio respondió que, entre otras razones, esas señales se entienden sin necesidad de texto y que existe un reglamento municipal de uso del valenciano que da preeminencia al uso de la lengua autóctona.
Con esas posiciones enfrentadas, todo apuntaba a que el conflicto se dirimiría en los tribunales, y así se acaba de demostrar ahora con la acción ordenada por el Gobierno.
Antecedentes sobre casos similares existen en la misma ciudad de València. El Gobierno local que dirige el alcalde Joan Ribó situó señales indicativas en distintos puntos de la ciudad escritas solo en valenciano, lo que generó la reacción de la Delegación del Gobierno. Tras un informe jurídico del ayuntamiento, Ribó optó por aplicar el bilingüismo y rotuló las señales tanto en valenciano como en castellano.
Esta situación, sin embargo, contrasta con lo que ocurre en la Safor en muchas comarcas de amplio predominio lingüístico del valenciano. Por doquier existen señales e indicadores de obligado cumplimiento que se expresan solo en la lengua autóctona, de manera que una eventual sentencia sobre el «caso Bellreguard» sería aplicable en el resto de las localidades.
