La Central de la Policía Local, aquel faraónico edificio que se inauguró por todo lo alto en la pasada legislatura tras una inversión de siete millones de euros entre la adquisición y la construcción, ha vuelto a poner en evidencia la pésima situación en que fue construido.
El Gobierno local de Gandia decidió ayer clausurar los calabozos después de que el pasado viernes por la tarde un detenido, que ayer aún permanecía en paradero desconocido, lograra escaparse rompiendo, a golpes, la reja de la celda que da al exterior, que no se encontraba adecuadamente anclada. Desde el ayuntamiento han remitido a los juzgados de Gandia, de forma urgente, una comunicación en la que se informa de que la instalación «no está en condiciones» de albergar personas arrestadas «hasta que se subsanen las deficiencias».
Los concejales de Administración, José Manuel Prieto, y Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, salieron a dar explicaciones tras un hecho que ha vuelto a evidenciar que el retén es un edificio que está muy lejos de ser, como en su día dijo el exalcalde, Arturo Torró (PP), «el mejor de toda la Comunitat Valenciana». «Para nosotros es la mayor chapuza, la que ejemplifica cómo actuaba el anterior gobierno», señaló Prieto.
No era la primera vez que ocurría algo parecido. Hace unos años, los golpes de otro arrestado ya evidenciaban que las estancias construidas con el objetivo de evitar que los delincuentes huyan antes de pasar a otras dependencias eran prácticamente de papel y se rompían con apenas unas patadas y puñetazos. A esto se le suman otras deficiencias como la inundación que sufrió el edificio durante un periodo de fuertes lluvias o las molestias por el sol que sufrían los funcionarios debido a la ausencia de cortinas en la planta baja, que provocó que muchos se tuvieran que proteger con cartones colgados en perchas.
Un gabinete de crisis, formado por concejales y técnicos municipales, se reunió ayer para analizar la situación. Además de decretar la cancelación del servicio de custodia de detenidos se acordó la apertura varios expedientes que buscarán averiguar todo lo concerniente a los hechos ocurridos.
El primero de ellos estará directamente relacionado con la infraestructura. Un instructor del departamento de Urbanismo deberá aclarar las cuestiones relativas a la construcción, ejecución y control de calidad de la Central de la Policía mediante una auditoría. «Llegaremos hasta el final en esta investigación para averiguar el estado actual de la infraestructura y, sobre todo, qué pasó, además de obtener medidas que permitan mejorar el edificio». Este trabajo permitirá, además, conocer quién certificó las obras y el uso de los materiales con los que se construyó el retén.
En segundo lugar, se pondrá en marcha un Expediente de Información Reservada instruido por la Policía Local que aclare el dispositivo establecido el viernes pasado donde se explique con exactitud todo lo que sucedió.
Tanto Pérez como Prieto aseguraron que, en lo que va de legislatura, se han invertido 80.000 euros en actuaciones en el retén, que han permitido sustituir el pladur por el hormigón en varios de los calabozos.
Soler: «Es lo más normal»
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler, señaló ayer que «es lo más normal del mundo» que surjan problemas en obras de gran envergadura como lo es el retén de la Policía Local de Gandia. Lo que para Soler no lo es tanto, sin embargo, es que «el actual gobierno no actuara la primera vez que se produjo una deficiencia de estas características». El concejal recordó que el gobierno del PP «apenas estuvo unas semanas» en el Ejecutivo tras inaugurarse la instalación «por lo que si se ha producido algún problema debería ser el actual gobierno quien lo tenía que haber solucionado, y no lo ha hecho». El portavoz popular recuerda que en toda obra existe un periodo de garantía por el que la empresa se debe hacer cargo de las posibles deficiencias y por ello pidió al Ejecutivo que haga uso de ella. Además, insiste en que «los políticos no somos quienes elegimos los materiales» y pone el foco en «los técnicos municipales y de la empresa contratista», que son «los que acreditan y certifican la oportuna recepción de la obra, como así sucedió, adecuándose a la legalidad vigente», señaló.
