El trámite para iniciar la construcción del colector contra inundaciones de la playa de Tavernes de la Valldigna sigue, al menos de momento, adelante. El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de València ha desestimado el recurso que presentó un grupo de propietarios de los terrenos por los que transcurrirá esta infraestructura y el vial perimetral que se habilitará sobre ella, al este del casco urbano del litoral vallero. Los afectados pedían la suspensión cautelar de la ocupación de las parcelas por parte del ayuntamiento hasta que se resuelva la demanda principal, lo que habría paralizado el proceso y, por tanto, retrasado el inicio de las obras.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, es muy tajante al afirmar que el interés público que genera la construcción de la carretera, que descongestionará el tráfico de la trama urbana de la playa, está por encima del interés particular de los propietarios. A esto se le suma que el colector evitará que se sigan produciendo los episodios de inundaciones que se generan cuando aparecen lluvias más o menos fuertes.
El escrito judicial recuerda, y así lo reconocen los mismos propietarios, que el PGOU del municipio prevé que sobre los terrenos afectados se ejecute una carretera que dará salida a los vehículos que circulen por la zona norte de la playa. «Por tanto, se trata de terrenos que, por su calificación, ya no pueden ser explotados por los demandantes y que están destinados a ser adquiridos por la administración municipal para la ejecución del vial en cuestión», insisten desde el juzgado. Por tanto, prosigue, «no se aprecia un concreto perjuicio para los intereses de los demandantes». Añade, además, que, en cambio, «sí se aprecia un perjuicio para los intereses generales en la suspensión de los actos administrativos impugnados, lo que impediría el comienzo de las obras de ejecución de la carretera».
La resolución concluye que, en todo caso, el asunto que cabría aclarar es «la forma o cuantía en que deben ser retribuidos» dichos terrenos por parte del ayuntamiento a sus dueños. Además, apunta que, independientemente de que el consistorio ocupe de manera inmediata las parcelas, «existen mecanismos de reparación legalmente establecidos, mediante los diferentes intereses de demora previstos, en relación con la fijación o pago del precio justo», señala de forma literal el escrito judicial. Esto, por tanto, hace innecesaria la suspensión cautelar de la ocupación.
En todo caso, hay que aclarar que, independientemente de que se rechace la suspensión cautelar, una decisión contra la que cabe recurso, el proceso del contencioso administrativo para tratar que se anule este trámite administrativo sigue adelante.
Los propietarios, según se lee en el escrito del recurso que presentaron hace unos meses ante el juzgado y al que también ha tenido acceso Levante-EMV, consideran que el método que ha escogido el consistorio para hacerse con los terrenos, la ocupación directa, supone «una flagrante infracción de ley», ya que este mecanismo se prevé para sectores en los que no hay previsto ningún PAI. No es el caso, insisten, de la zona. Alegan que la expropiación debía haberse hecho mediante el desarrollo de dicho programa urbanístico. También creen que «no existe interés general que justifique la adopción de los actos administrativos», algo en lo que no están de acuerdo los juzgadores.
Prórroga del permiso
Los concejales de Urbanismo, Josep Llàcer, y Hacienda, Perfecto Benavent, mantuvieron ayer una reunión con el jefe de la demarcación de Costas de la Comunitat Valenciana, Antonio Cejavo, para avanzar en la solicitud de prórroga para obtener la autorización de vertidos del agua procedente del colector, otro trámite importante para avanzar en las obras.
El rechazo a la suspensión permite al ayuntamiento seguir los trámites previstos para iniciar los trabajos. Hace unas semanas se firmaron las actas de ocupación y se está a la espera de que las parcelas se inscriban definitivamente a nombre del ayuntamiento. Una vez eso ocurra, se intentará avanzar con el convenio con la Generalitat, que sufragará parte de las obras, y demás trámites administrativos. Se espera poder empezar después del verano.
