Las personas o empresas que cometan infracciones urbanísticas en Gandia y que hayan sido descubiertos por el ayuntamiento lo van a tener más difícil para negarse a restituir la legalidad, algo que implica, en la mayoría de los casos, la demolición de la obra realizada para dejar la construcción o el solar en su antiguo estado.
Porque, desde ahora, los expedientes de infracción urbanística abiertos en el ayuntamiento pueden tener como consecuencia el anuncio del corte de servicios básicos, empezando por el agua, que, de ejecutarse, harían imposible vivir en esa vivienda en las mínimas condiciones.
Es lo que ya ha ocurrido en tres casos. Según ha podido constatar este periódico tras tener constancia de uno de esos anuncios, la empresa Aguas de València, suministradora del servicio en todo el término municipal, ha comunicado a los propietarios de tres viviendas que les va a cortar el agua, por indicación del ayuntamiento, al haber hecho caso omiso de la orden de restituir la legalidad y negarse a corregir la infracción urbanística detectada.
Según señalan fuentes municipales, hasta este momento no ha sido necesario ejecutar ninguna de esas tres órdenes y, por lo tanto, se ha dado tiempo a los propietarios para que, o bien puedan cumplir con el requerimiento de restitución de la legalidad, o bien recurrir el corte de agua.
Esta medida coercitiva que Gandia adopta por primera vez responde a la aplicación del artítulo 238 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup), aprobada en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PP en la Generalitat, precisamente con el fin de evitar que los infractores urbanísticos pudiesen seguir burlando las exigencias de la Administración, a sabiendas de que, al hacer una obra ilegal, nunca podrían ser forzados a derribarla. Quedarse sin agua en casa, y también se podría cortar la electricidad, el teléfono o el gas, es un arma lo suficientemente poderosa como para que los infractores cumplan con las normas.
Según señala el coordinador de Urbanismo de Gandia, Vicent Mascarell, esta medida se adoptará en último extremo, cuando ya ha concluido el expediente administrativo de infracción y cuando a la persona afectada no le queda más opción que derribar la obra ilegalmente construida. Además, recordó que este tipo de procedimientos se inician por denuncias de terceras personas, vecinos o interesados que se sienten perjudicados por la infracción, ante lo cual el ayuntamiento está obligado a actuar y, si es necesario, llegar hasta el final en el cumplimiento de la ley, incluyendo la amenaza del corte de suministros básicos, como ha ocurrido en estos tres primeros casos.
Mascarell también señala que detectaron una actitud laxa frente a los infractores urbanísticos y que el ayuntamiento ya ha sido condenado en varias ocasiones a pagar elevadas sumas de dinero por «inactividad» frente a problemas urbanísticos, lo que obliga a exprimir la ley y hacerla cumplir hasta sus últimos extremos, aunque, como es obvio, los anunciados cortes de agua hayan sorprendido e indignado a los tres propietarios afectados.
