Cuando parecía que el Plan de Ajuste iba a impedir al gobierno local de Gandia cumplir con uno de los principales compromisos que adquirió durante la campaña electoral del 2015, el asunto está a punto de dar un vuelco inesperado. Las «escoletes» de Gandia podrían, contra todo pronóstico, volver a ser cien por cien públicas el próximo curso. Ese es, al menos, el deseo del gobierno actual, que, según ha podido saber Levante-EMV, ya ha iniciado los trámites para recuperar la gestión del servicio que privatizó el PP en la pasada legislatura.
El proceso no es sencillo, ya que precisa del visto bueno de los servicios jurídicos municipales, pero desde el consistorio se pretende actuar de forma rápida y aprovechar la actual coyuntura, en la que el servicio para el próximo curso está en una especie de limbo al no estar adjudicado de forma definitiva por problemas administrativos, para anular todo el proceso y que la red de «escoletes» infantiles más importantes de toda la Comunitat Valenciana vuelva a ser cien por cien municipal.
Según la fuentes, se ha hallado legislación autonómica que permitiría revertir la privatización y anular el concurso que actualmente está en marcha sin que ello suponga un desembolso importante para las arcas municipales. Para ello, se ha pedido un informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento que será definitivo para aclarar si las «escoletes» de Gandia pueden volver a ser públicas.
Desde el ayuntamiento aseguran que el proceso está «muy avanzado», que hay una «total voluntad» por parte de los dos partidos que forman el gobierno y hay mucha confianza en que existen los mecanismos para dar marcha atrás en la privatización que impuso el PP de Arturo Torró.
Este proceso, en todo caso, es paralelo al del concurso público, que sigue en marcha mientras no se resuelva la remunicipalización. Actualmente, según ha podido saber este periódico, desde el ayuntamiento se está a la espera de que Eulen Servicios Sociosanitarios, la tercera de las cuatro empresas que presentó su oferta para gestionar el servicio de las «escoletes» ofrezca una respuesta sobre si está o no interesada en quedarse con la adjudicación. El plazo para contestar está próximo a expirar. Se entiende que el gobierno local tiene, por tanto, escaso margen para resolver el rescate de los centros infantiles, en tanto que en la medida en que avance el proceso de adjudicación resultará más complicado.
Si no se resuelve antes la recuperación del servicio y Eulen renuncia a gestionar las «escoletes», la pelota pasará a Geim, la mercantil que se hizo cargo de los centros durante los años del PP en el gobierno y hasta el pasado mes de septiembre y con la que no existe buena relación por parte del actual ejecutivo, con un contencioso administrativo por medio.
Otro frente abierto es el de Marta Moscardó. Esta profesional fue la que resultó adjudicataria del servicio hace unos meses. Sin embargo, tras diferentes requerimientos incumplidos, el gobierno local optó por retirarle la concesión. En su momento, la propia Moscardó amenazó con llevar al ayuntamiento ante los tribunales al considerar que no había justificación para tomar aquella decisión, aprobada en Junta de Gobierno.
Desde el ayuntamiento ya han hecho sus cálculos y consideran que volver a gestionar de forma directa este servicio de educación infantil, cuyo coste de mantenimiento anual asciende a 1,3 millones de euros, no supone un quebranto importante para las cuentas, toda vez que los alumnos y alumnas pagan por su uso.
Este anuncio llega solo unos días después de que la Generalitat firmara la orden para la gratuidad de las aulas de 2 y 3 años, de la que la ciudad de Gandia es de las más beneficiadas debido a la extensa red de ocho «escoletes» con la que cuenta.
