¿Por qué el Gobierno local de Gandia no da a conocer el resultado de la auditoría económica realizada sobre el periodo comprendido entre los años 2003 y 2016, que está acabada hace cinco meses? Pues porque «se quiere dar una explicación adecuada» sobre el resultado de ese estudio económico.
Así lo dijo ayer el coordinador de Economía del Gobierno local, Salvador Gregori, quien tuvo que salir a la palestra, un día más, ante las durísimas críticas del PP que, en boca del concejal Guillermo Barber, acusa a los dos grupos que dirigen la gestión municipal, PSPV-PSOE y Més Gandia, de estar «manoseando y manipulando» ese documento.
No solo el socialista Gregori ha asegurado que la auditoría está terminada. También la concejala de Promoción Económica, Alícia Izquierdo, de Més Gandia, señaló el pasado lunes que ya dispone de ese documento de análisis de la situación financiera del ayuntamiento, pese a lo cual no se ha entregado a los grupos de Ciudadanos y del Partido Popular.
A preguntas de este periódico, ayer Salvador Gregori dijo que será la próxima semana, a lo sumo la siguiente, cuando se entregue a los partidos políticos, y se entiende que se pondrá a disposición del conjunto de los ciudadanos, el trabajo realizado durante más de un año por técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Gandia.
Para el popular Barber, lo que está claro es que los dos grupos que dirigen la gestión municipal están intentando retrasar la difusión de la auditoría para usarla «como arma arrojadiza» de cara a las elecciones municipales que tendrán lugar dentro de un año.
Salvador Gregori, en cambio, indica que se trata de un documento «complejo» cuyos autores están analizando para cerrarlo definitivamente y firmarlo.
Según ha podido saber este periódico, y a falta de los detalles sobre la gestión económica realizada en el ayuntamiento en ese periodo de 14 años que abarca cuatro legislaturas, desde 2003 a 2016 se produjo el incremento de la deuda más espectacular de la reciente historia de la ciudad. Y especialmente significativo fue el aumento de los números rojos en dos legislaturas. Primero la de 2007-2011, con el socialista José Manuel Orengo como alcalde, y después la de 2011-2015, con el popular Arturo Torró al frente del consistorio. En ese tiempo, el Ayuntamiento de Gandia, que llegaba de una cómoda situación financiera, alcanzó la monumental deuda de 350 millones de euros, casi cuatro mil quinientos euros por habitante, situándose como una de las ciudades financieramente más insostenibles de toda España.
Lo que la auditoría determina con exactitud, y habrá que esperar a su difusión para analizarlo, es el grado de responsabilidad de cada uno de esos gobiernos, uno socialista, con el apoyo de la Plataforma de Gandia que dirigía Fernando Mut, y otro del Partido Popular, que gobernó otros cuatro años con mayoría absoluta.
El instrumento oculto de IPG
En ambos casos, y en eso también son responsables directos los dos principales partidos políticos de la ciudad, los alcaldes socialista y popular echaron mano de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG) para llevar a cabo operaciones financieras e inversiones multimillonarias que contribuyeron a incrementar el agujero económico y obligaron a subir los impuestos para recaudar más.
Esos ocho años, de 2007 a 2015, quedarán como los más «endeudadores» de la la historia del Ayuntamiento de Gandia, una situación catastrófica que empezó a corregirse cuando, en junio de 2015, tomó posesión el nuevo Gobierno local formado por PSPV-PSOE y Més Gandia que, en el aspecto económico, cuenta con el respaldo de Ciudadanos.
