El socialista Pedro Sánchez, en un claro guiño por conseguir el apoyo del PNV, aseguraba el pasado jueves, en la primera jornada de la moción de censura que le ha acabado aupando a la presidencia, que aceptaba aplicar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018, aprobados recientemente y que aún tienen que pasar el trámite del Senado. Como publicó este periódico, esas cuentas, en lo que respecta a la comarca de la Safor, tampoco son como para hacer una fiesta.

El proyecto más emblemático, actualmente en marcha aunque de forma intermitente, es el acceso sur al puerto. En principio, las cuentas prevén 5,1 millones de euros para dejar la infraestructura lista para acabarla en 2019, cuando hay elecciones autonómicas y locales, con una partida de tres millones prevista en el plan plurianual.

Se trata de una obra que se encuentra en un estado más que avanzado, por lo que se presupone que el nuevo Gobierno no va a a tener problemas para cumplir los plazos y que esta infraestructura cuyo coste total está alrededor de los 30 millones de euros.

Un asunto que sí que tiene pendiente es el Tren de la Costa con la conexión Gandia-Oliva y el desdoblamiento de la vía Cullera-Gandia. Anunciada por el exministro Iñigo de la Serna hace unos meses, ahora falta que su ejecución sea una realidad. No hay partida prevista para el proyecto en 2018 pero si Sánchez perdura en el poder más allá de finales de este año, que todo apunta que así será, el presidente y sus ministros empezarán a recibir las llamadas de los alcaldes de aquellos municipios que llevan años exigiendo esta infraestructura.

Otro proyecto del que el nuevo Ejecutivo socialista no puede olvidarse es de la liberalización de la AP-7. En los últimos años, el PP no ha aclarado si la decisión de que esta vía deje de ser de pago es o no definitiva y ha especulado con el futuro de la infraestructura. Sobre todo para los municipios del sur de la comarca (Bellreguard, l´Alqueria de la Comtessa, Palmera y Oliva), por cuyo término municipal cruza la N-332 que soporta miles de vehículos al día, esta decisión es crucial. También lo es, en relación a este mismo asunto, la construcción de la conexión al sur de Oliva con la Ap-7 para que la liberalización favorezca la salida de los vehículos del casco urbano.

Para esta infraestructura, cuyo coste asciende a 29 millones de euros, el presupuesto del PP apenas destina dos para la redacción del proyecto. Esto significa que el 1 de enero de 2020, día en que se formalice la liberalización de la autopista, el sur de la Safor no tendrá una conexión con este vial.

Respecto a grandes proyectos, fue también un gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, el que llegó a licitar el plan contra inundaciones del río Vaca a su paso por la Valldigna. Una obra de Acuamed que precisa una inversión de 40 millones de euros y que el PP canceló en 2015. Habrá que ver si es otro Ejecutivo de las siglas del puño y la rosa el que retoma un proyecto que, nada menos, permitiría homologar toda una urbanización, la del Vergeret de Tavernes de la Valldigna.

Lo mismo ocurre con los trabajos que aun restan para completar el plan contra inundacines de la rambla de la Gallinera, en Oliva, que se encuentra a medio hacer.

Por otra parte, en materia de carreteras la consellera Maria José Salvador, socialista, le propuso al Ministerio de Fomento del PP un convenio para ejecutar conjuntamente la pata de conexión de la autovía Gandia l'Olleria, carretera N-332 y autopista AP7 mediante la construcción de una carretera que discurriría desde Beniflà hasta Gandia, conectando los tres principales ejes viarios de alta capacidad de la comarca de la Safor sin recibir respuesta. Se entiende que con el nuevo responsable de Fomento la interlocución con Salvador será mucho más sencilla al ser ambos del mismo color político.

Pero no solo de grandes proyectos viven los municipios de la comarca. Existen otros asuntos que actualmente están bloqueados como la eliminación del paso a nivel de Xeresa, un asunto por el que el ayuntamiento está batallando en los tribunales, al encontrarse detenido desde el mes de julio del pasado año. Esta misma semana, el alcalde, Tomàs Ferrandis, se reunía con el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quien trasladará una pregunta a la cámara. El propio Ferrandis deseaba que «con el cambio de gobierno tengamos más posibilidades».

Otra cuestión por la que claman los alclades son las cañas de los barrancos y cauces. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Gobierno central, contará ahora con un máximo representante socialista. Los municipios esperan mayor sensibilidad en este tema.