El Wodnik, el denominado barco pirata que se encuentra atracado desde 2013 en el Moll dels Borja de Gandia, abandona el puerto de la ciudad. Según ha podido confirmar este periódico, la nave partirá en los próximos días hacia el varadero de la localidad almeriense de Garrucha para ser reparada. Se desconoce de momento si el polémico barco volverá a Gandia o si atracará en otro puerto a la espera de mejores oportunidades.
«Vamos a un varadero para efectuar tareas de reparación y mantenimiento», señaló ayer a Levante-EMV Gonzalo Viada, propietario del velero, aunque no dio más datos sobre su destino final. «En el varadero de Gandia no hay sitio, así que nos lo llevamos a otro puerto, porque desde que murió el marinero que vivía en él, el barco no ha tenido un mantenimiento adecuado», agregó Viada.
De hecho, los paseantes del Moll dels Borja han podido observar a simple vista el mal estado en que se encuentra la nave, que desde hace un par de años no ha realizado actividad alguna de las que solía ofertar los veraneantes, básicamente servicio de bar.
El Wodnik, de 26 metros de eslora, atracó en Gandia en el verano de 2013 invitado por el gobierno local que dirigía Arturo Torró, del PP. Procedía de Sevilla, donde la empresa propietaria, Viada Yatchs, no obtuvo de la administración los permisos necesarios para desarrollar sus actividades lúdicas. La polémica sobre el barco estalló en el verano de 2015, cuando el nuevo gobierno gandiense salido de las urnas, formado por la coalición PSPV-PSOE y Més Gandia, advirtió que el galeón costaba a las arcas municipales, más concretamente a la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), 2.420 euros mensuales en concepto de «realización de actividades lúdicas con el fin de dinamizar el turismo en la zona», a pesar de que no había constancia alguna de contrato escrito. Nada del «coste cero» del que alardeaba Torró.
Un galeón a la venta
Incluso el coste del amarre, de 280 euros mensuales, había sido pagado por el Ayuntamiento de Gandia a la Autoridad Portuaria de València, y la electricidad necesaria para el funcionamiento de la nave la pagaban todos los gandienses, ya que se realizó un «enganche» al sistema eléctrico del retén de Policía, que se encuentra justo enfrente.
Posteriormente, en abril de 2016, la empresa reclamó judicialmente 55.197 euros a IPG, en virtud del «acuerdo verbal» alcanzado con el anterior gobierno local del PP, y que el nuevo ejecutivo, presidido por Diana Morant, se negó a pagar. Un juzgado sentenció finalmente que el acuerdo verbal era válido y obligó al consistorio a salda la deuda.
Según figura en la web www.cosasdebarcos.com, la nave, matriculada en 1993, está a la venta por 285.000 euros.
