El Ayuntamiento de Gandia experimentó, entre los años 2003 y 2015, un constante incremento de la deuda municipal que se hizo más evidente, hasta alcanzar cifras alarmantes, a partir de 2007, bajo el Gobierno local que codirigieron el PSPV de José Manuel Orengo y la Plataforma de Gandia de Fernando Mut, pero que llegó al máximo durante la legislatura en la que el PP, con Arturo Torró al frente, dirigió la ciudad.
Así lo ha revelado la auditoría realizada por técnicos municipales del departamento de Hacienda e Intervención sobre el periodo comprendido entre 2003 y 2016. Ese documento, que en realidad aporta pocas novedades, se dio a conocer ayer después de haberse elaborado durante meses. La auditoría fue una promesa del nuevo Gobierno local de Gandia, surgido de las elecciones de mayo de 2015, y también del grupo de Ciudadanos, que ha venido respaldando su política económica desde el primer minuto.
Resumiendo el resultado de los 137 folios que componen esa radiografía de millones de euros, la ciudad de Gandia, que en ese periodo de tiempo se situó entre los 70.000 y los 80.000 habitantes, contaba en 2003, cuando arrancaba una nueva legislatura, con una deuda de 45 millones de euros. Podría decirse que ese fue el resultado de la gestión de la alcaldesa Pepa Frau, quien tuvo de concejal de Hacienda a José Manuel Orengo. Cuatro años después, en 2007, los números rojos ya ascendían a 73 millones de euros, pero en ambos casos todos coinciden en que se trata de cifras asumibles basándose en los ingresos asegurados que tenía este ayuntamiento.
La deriva de la hacienda local se produjo entre 2007 y 2011, cuando, bajo la sombra de las celebraciones del Quinto Centenario del Nacimiento de San Francisco de Borja, la ciudad tiró la casa por la ventana y situó la deuda en 210 millones de euros, muy por encima de la media de los municipios españoles y, sin duda, una pesada losa que iba a lastrar las actuaciones de este ayuntamiento durante muchos años.
Pero la cosa no terminó ahí. Tuvo que llegar el PP, prometiendo que iba a solucionar el problema de la deuda, para que, en los cuatro años siguientes, hiciera justo lo contrario de lo que dijo y elevara la hipoteca de la ciudad nada menos que en 140 millones de euros. En 2015, cuando el PP dejó el Gobierno local, la deuda se situaba en el entorno de los 350 millones de euros si se cuentan las consecuencias que aparecieron en los meses siguientes.
Este auténtico «crack» económico ya se puso en evidencia en el otoño de 2012, apenas un año después de que Arturo Torró accediera a la alcaldía, cuando, en un hecho insólito en la historia reciente de la ciudad, dejó de pagar a los bancos los créditos contraídos, y eso a pesar de haber pagado todas las facturas pendientes, más de 63 millones de euros, con el Plan de Proveedores que promulgó el Ministerio de Hacienda.
En este periodo, que la auditoría describe como el peor desde el punto de vista económico, se aprobaron dos presupuestos municipales ilegales, los de 2013 y 2014, que al final fueron tres porque este último se prorrogó en 2015. Y también se incumplieron numerosos contratos con empresas de servicios públicos, entre ellos dejar de pagar la totalidad de la factura por la recogida de la basura de las calles.
Cambio de rumbo desde 2015
En el último tramo temporal analizado por la auditoría llega la esperanza. A partir de 2015, con el Gobierno del PSPV-PSOE y de la coalición Més Gandia, la situación se revierte y, en estos momentos la deuda ya se ha reducido en más de 40 millones de euros, dejándola, que no es poca cosa, en el entorno de los 300 millones. Se calcula que harán falta unos 20 años más para que Gandia pueda situarse sin deuda, si bien la intención es ir rebajándola hasta niveles asumibles por los ingresos ordinarios de la ciudad.
En el año que queda hasta las próximas elecciones, esa reducción podría alcanzar hasta los 60 millones, de manera que el alcalde o alcaldesa que salga de los comicios de 2019 heredará un montante de 290 millones de euros.
Gandia, por lo tanto, seguirá siendo una de las ciudades más endeudadas de España y no tendrá más opción que mantener la subida de impuestos aprobada hace tres años para que, con el máximo nivel de recaudación, se pueda ir liquidando el enorme montón de euros que otros se gastaron previamente.
