Hace diez años, el entonces alcalde de Villalonga, Juan Ros, solicitó a la Conselleria de Territorio el inicio de un «plan de minimización de impactos territoriales» para el «diseminado» de la Llacuna, en donde existen centenares de viviendas construidas sin licencia, una parte de ellas en el vecino término de la Vall de Gallinera. Pero aquello se quedó muerto porque, en realidad, lo que el ayuntamiento pretendía era que la Generalitat diera satisfacción a los propietarios y aprobara la construcción de una línea eléctrica para suministrar a las viviendas. Como la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana prohíbe expresamente dotar de electricidad a zonas no urbanas, el «plan de minimización» se quedó en el cajón, donde todavía continúa. En la imagen, viviendas en la Llacuna.
