El juzgado número 3 de Gandia ha archivado provisionalmente la querella presentada por el ayuntamiento contra el exalcalde, Arturo Torró, por la transferencia de dinero que en la pasada legislatura realizo desde ayuntamiento a la empresa pública, IPG.
Se trata de unos seis millones de euros que el anterior alcalde del PP cedió a IPG sin que la mercantil los devolviera posteriormente al consistorio. Con ese dinero, Arturo Torró llevó a cabo obras y actuaciones de la empresa pública, que se considera un "ayuntamiento paralelo" desde el que se eludía la acción fiscallizadora de las cuentas municipales por parte tanto de la Intervención, los grupos municipales, y el Ministerio de Hacienda.
En declaraciones a este periódico, Torró ha señalado que este era un caso más de la "persecución personal" a la que están sometiendo la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, el responsable de Economía, Salvador Gregori, y el responsable de Urbanismo, Vicent Mascarell.
Esta era una de las cuatro investigaciones que pesan sobre el exalcalde por su gestión al frente del consistorio gandiense.
