La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia no ha visto indicios de delito en las transferencia de dinero que, especialmente en la segunda mitad de la pasada legislatura, el entonces alcalde, Arturo Torró, realizó desde el ayuntamiento hacia la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG).
Esas operaciones, que ascendían al menos a seis millones de euros, fueron motivo de polémica y el entonces concejal del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, optó por presentar una denuncia contra Torró y contra quien era gerente de IPG, Gonzalo Morant, al considerar que se podría producir un delito de prevaricación.
Esas operaciones financieras se llevaron a cabo sin el aval del interventor municipal y pretendían financiar servicios de IPG con el dinero del ayuntamiento cuando el consistorio estaba sometido a estrictas normas de contención del gasto decretadas por el Ministerio de Hacienda.
Cuando las elecciones de 2015 permitieron formar un gobierno local con el PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia, el ayuntamiento se personó en esa causa contra Torró y Morant.
Realizadas las averiguaciones pertinentes, la juez, sin embargo, ha considerado que no existen delitos en las operaciones que financiaron IPG con dinero del Ayuntamiento de Gandia.
En cierta medida, la resolución judicial, que aún puede ser recurrida, viene a avalar aquella máxima de que las empresas públicas, como era IPG, son «administración» y los responsables políticos pueden transferir dinero público porque, al fin y al cabo, esos recursos se destinan a proyectos municipales.
Eso mismo pensó el Tribunal de Cuentas cuando, hace unos meses, también archivó el expediente que abrió por esta misma causa.
