Arturo Torró señaló ayer, en declaraciones a este periódico, su satisfacción por el archivo de esta denuncia, y recordó que siempre había defendido la legalidad de las operaciones de tesorería que financiaron IPG desde el Ayuntamiento de Gandia.
El exalcalde del PP añadió que lo único que ahora pide a los miembros del gobierno local, y especialmente a Diana Morant, Vicent Mascarell y Salvador Gregori, es «que se acabe ya esa persecución personal» mediante la interposición de causas judiciales relativas a su gestión en el ayuntamiento.
