El Ayuntamiento de Gandia ha denunciado ante la Fiscalía a la empresa GEIM, antigua gestora del servicio de 'escoletes' públicas de la ciudad. A través de un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales, el consistorio considera que las administradoras de esta mercantil cometen una "simulación de delito" al acusar, a través de un contencioso administrativo y una querella penal, al concejal de Contratación, José Manuel Prieto, de dos delitos de prevaricación y fraude en la contratación pública.
Desde el Gobierno local pretenden, con esta denuncia, lanzar un mensaje contra la "judicialización" de la vida pública y tratar de poner fin a la "presión" a la que, consideran, están sometidos los concejales cuando alguna empresa que no ha resultado ganadora en procesos públicos intenta hacerlo mediante la interposición de querellas. "No todo vale", ha señalado el propio Prieto, afectado en este proceso.
En concreto, desde GEIM apuntan a la adjudicación mediante un contrato menor hasta que resolviera el proceso, del servicio a Marta Moscardó. El informe jurídico apunta que dicho procedimiento contaba con todas las garantías legales, ya que disponía de los informes favorables de la intervención. Ahí es donde radicaría la supuesta "simulación de delito".
De algún modo, esta denuncia supone un "aviso" a las empresas que quieran contratar con el Ayuntamiento de Gandia de que la administración se va a defender por la misma vía aquellas que, a través de la interposición de querellas, pretendan doblegar a su favor procedimientos que se han desarrollado por todos los cauces legales.
José Manuel Prieto, además, en conversación con este periódico, ha apuntado que estas dos denuncias solo buscaban apartarle a él del procedimiento de contratación. Además, señala que ambos procedimientos judiciales se pusieron en marcha coincidiendo con una orden firmada por él mismo para que GEIM devuelva los 65.000 euros que, según un informe municipal, cobró de más antes de acabar su relación con en el ayuntamiento.
