La administración local no tiene, o no debe tener, secretos para los ciudadanos. Cualquier trámite que se desarrolle en el seno de los ayuntamientos es público y las autoridades tienen la obligación de contar con las herramientas necesarias para poner la información a disposición de los vecinos para su conocimiento.

Un informe del jefe del departamento de Régimen Interior, Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información pública de Tavernes de la Valldigna, Javier Brines, avala que cualquier concejal del pleno puede revelar el sentido del voto que otro compañero de corporación emitió durante la comisión informativa previa a la sesión.

El escrito tiene su contexto en un ruego que la concejala del PP en este municipio, María Ciscar, hizo al alcalde, Jordi Juan, de Compromís, en el pleno del pasado mes de junio. Le pedía «que no haga público lo que se vota en una comisión» después de que el primer edil revelara la deliberación del grupo popular en uno de los temas que se debatían. La representante popular consideraba que «la votación de una comisión informativa es secreta y no vinculante» y, a su vez, reclamaba al secretario municipal, presente en el debate, «que me corrija si me equivoco», algo que no ocurrió.

Tras la sesión, Juan solicitó al funcionario responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública que emitiera un informe sobre si la edila del PP tenía o no razón en su afirmación.

El pasado lunes, en la sesión plenaria ordinaria de julio, se dio cuenta del contenido del informe jurídico. El mismo deja claro no solo que la revelación del sentido de un voto en una comisión previa al pleno «no constituye la vulneración de ninguna norma», sino que va más allá y apunta que, «no puede dejar de estar vacía de absoluto interés». Es decir, el técnico, en base a las diferentes normativas reguladoras del funcionamiento de la administración local, considera que esa información puede tener relevancia «en el contexto del debate que tiene lugar en el salón de plenos», indica el escrito.

El escrito, en conclusión, indica que ese interés público tiene una doble vía. Por una parte, para los miembros de la corporación municipal, porque «cada concejal tiene derecho a valorar, en el seno del debate político, si hace uso o no de esa información y utilizarla, o no, a su conveniencia».

En segundo lugar, el técnico también sitúa en el centro de la cuestión a «los ciudadanos, que en ese momento o con posterioridad, siguen la sesión». Para el firmante del documento, el hecho de conocer en qué sentido votaron los concejales en la comisión ayuda a los ciudadanos de Tavernes «a disponer de más datos para una mejor comprensión del acuerdo que se adopte y del control político de aquellos que han sido elegidos por los electores». Por otra parte, el conocimiento de las deliberaciones «puede también contribuir a garantizar el control del ciudadano en la toma de la decisión y el proceso de deliberación de sus representantes municipales».