Un juez de Gandia ha paralizado el desahucio de la familia con tres menores de Oliva que iba a ser desalojada este viernes de la casa que ocupan ilegalmente desde hace año y medio. Ante un fuerte despliegue de la Guardia Civil para proceder al lanzamiento, ha llegado la noticia de que la entidad Bankia había accedido a dar tres meses de plazo más a la familia para que pueda buscar una alternativa a la ocupación de la vivienda.
Pese a que el juzgado no había aceptado la propuesta, finalmente se ha recibido la notificación de que se concedía la prórroga. José Marín, padre de familia, ha expresado su alegría al recibir la noticia: "Esta noche mis hijos van a dormir en su casa".
El Ayuntamiento de Oliva ha ofrecido a la familia la posibilidad de trasladarse a una vivienda municipal, gestionada por Servicios Sociales, preparada para este tipo de situaciones, según han indicado fuentes municipales.
Más de medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se había concentrado esta mañana frente a las puertas de la vivienda de Oliva, propiedad de una entidad bancaria, que ocupa desde hace un par de años la familia después de que un incendio destrozara su casa, para pedir que se suspendiera la orden de desahucio que estaba prevista para las 10 horas, ha informado Sergio Riofrío, miembro de la plataforma.
El pasado martes, el Comité de Derechos Humanos (DESC) de la ONU había pedido la suspensión cautelar de este desahucio, sin alternativa habitacional, en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), una petición que fue trasladada al juzgado.
El Comité DESC de la ONU había solicitado asimismo medidas para evitar "posibles daños irreparables", incluida la suspensión del desahucio, mientras estudia este caso, o que se les otorgue una vivienda alternativa "adecuada".
La PAH ha presentado también ante el Congreso de los Diputados un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se suspenda el desahucio de esta familia, y se pronuncie sobre las "modificaciones legales necesarias para que cualquier juez venga obligado a respetar las peticiones de medidas cautelares solicitadas por el Comité DESC".
