Ni un acuerdo, ni una resolución. Desde el punto de vista administrativo, los dos plenos celebrados a primera hora de la mañana de ayer en Gandia, que costarán 4.400 euros en indemnizaciones, carecen de sentido.

Todo había sido provocado por el PP, que pidió esa sesión extraordinaria para acceder a los reparos de legalidad de los pagos realizados por el Gobierno local en 2016.

Pero en la sesión quedó claro, incluyendo un informe de la secretaria general del consistorio, que esos documentos están al alcance de cualquier grupo político y, por lo tanto, no se necesita ningún pleno para poder verlos. Es más, nadie en el PP negó que la concejala Cristina Moreno pudo acceder a los reparos de legalidad que pidió, y que su compañero de grupo, Guillermo Barber, no los tuvo porque no acudió en el plazo que se le dio para ello.

El pleno de ayer, que fueron dos porque la alcaldesa convocó una segunda sesión para hablar de los reparos de legalidad a los pagos del Gobierno de Arturo Torró entre los años 2012 y 2014, se convirtió, una vez más, en un solemne reproche a la gestión del PP en la pasada legislatura.

Porque, si algo quedó claro durante la hora que duraron las dos sesiones, es que quien más incómodos se sintieron fueron los concejales del PP, los mismos que, con su firma, habían solicitado la convocatoria.

Y eso fue así porque, al fin y al cabo, fueron miles los reparos de legalidad que el exalcalde Arturo Torró tuvo de parte del interventor a la hora de pagar. Baste decir que, a partir de octubre de 2012, cuando Torró dejó de devolver los créditos bancarios contraídos por el ayuntamiento, cualquier pago era ilegal.

Ayer Guillermo Barber, que era concejal de Hacienda en la pasada legislatura, fue el más criticado, hasta el punto que la alcaldesa, al final del agrio enfrentamiento, llegó a definirle como «un loco de la economía» que dirigió las cuentas municipales durante 4 años y que generó dos presupuestos ilegales y la mayor deuda municipal en toda la historia de Gandia.