Titiriteros encarcelados, cantantes de rap condenados por enaltecimiento del terrorismo, usuarios de Twitter procesados por incitación al odio, pacíficos manifestantes fichados y multados sin ser conscientes de realizar delito alguno... ¿Estamos ante un retroceso democrático, ante una pérdida de derechos fundamentales como los de expresión y manifestación? ¿Se está criminalizando la protesta, la disidencia, la opinión?

De esto se ha hablado en el curso «Una democràcia sense drets? (Desmantellant l'estat constitucional)» de la Universitat d'Estiu de Gandia (UEG), coordinado por el profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores, y por Joaquim Bosch, magistrado, jurista y exportavoz de la asociación Jueces por la Democracia.

«El pacto constitucional de 1978 se está rompiendo». Así opinan tanto Bosch como Joaquín Pablo Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. «Desde hace una década, el poder político está recortando los derechos fundamentales como nunca se había hecho en nuestra democracia», explicó ayer Urías. Y entre estos derechos cercenados figura el llamado voto rogado, el que ejercen los españoles migrados al extranjero. «Desde la modificación de 2011, el porcentaje de votantes se ha reducido del 30 al 4 por ciento», apuntó. E hizo mención especial a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida popularmente como Ley Mordaza, que permite a la policía sancionar administrativamente sin concurso de tribunal alguno. «Se está registrando una media de 58 multas al día, una cada 20 minutos, simplemente por tutear a un policía o discutir con él». «Son sanciones que no se pueden controlar y de las que un ciudadano no se puede defender», comentó Urías, «lo que provoca que muchos se lo piensen dos veces antes de acudir a una manifestación».

Por su parte, Ximo Bosch, en su conferencia de la tarde del jueves en la Marquesa, señaló: «antes, la desobediencia era tipificada como falta en el Código Penal y se juzgaba en un tribunal, pero ahora esa misma conducta la puede sancionar el Delegado del Gobierno con multas de hasta 30.000 euros». «Se pretende infundir miedo a la población», agregó.

Delitos de odio

Respecto a la modificación del Código Penal para endurecer el delito de enaltecimiento del terrorismo, tanto Bosch como Urías coinciden en lo sorprendente de la medida. «En la etapa más dura de ETA», explicó Bosch, «se producían tres o cuatro denuncias al año por este delito; desde que la banda ha dejado de matar, ahora se registran entre 30 y 40 al año». Igualmente discutibles, en su opinión, son las denuncias y juicios por delitos de odio, que en teoría sirven para proteger a sectores de la población tradicionalmente víctimas de persecución y agresión: minorías étnicas, colectivos homosexuales, etc. «Sin embargo», señala Bosch, «se ha juzgado a un mecánico por negarse a reparar el coche particular de una policía nacional, acusado de un delito de odio contra el colectivo policial». «Y que se sepa, la policía no es un colectivo históricamente vulnerable».

Para Bosch y Urías, estas nuevas leyes se aprobaron para frenar protestas como las del 15-M o las de las plataformas antidesahucios. «Cualquier expresión pública, cualquier crítica a una institución se considera ahora delito de odio».