02 de agosto de 2018
02.08.2018

La justicia absuelve al exedil del PP de Tavernes del fraude de la escuela taller

La Audiencia Provincial considera que Antonio Bono «no era sabedor» de que firmaba contratos de alumnos inexistentes Las condenadas son la directora y dos de las monitoras de los cursos

01.08.2018 | 23:48

El exconcejal del PP de Tavernes de la Valldigna, Antonio Bono, ha sido absuelto del delito continuado de falsificación de documentos públicos del que le acusaba la Fiscalía por la gestión de una escuela taller en la que se inscribió a 23 alumnos ficticios durante su etapa al frente del departamento de Fomento del empleo.

El Ministerio Fiscal pedía dos años de prisión para el exedil al considerar que era partícipe del fraude. La justicia, sin embargo, exculpa a Bono al considerar que «no era sabedor» de la trama por la que sí que han sido condenadas la directora del programa formativo, Sofía R. B., como principal autora de los hechos, y a dos de las profesoras, Rosa Mª B. B. y Esther M. M. La audiencia provincial de València les impone dos años de prisión para la principal responsable y nueve meses para las dos colaboradoras. La sala, por su parte, también absuelve a Salvador F. V. y Mª Lourdes P. S., funcionarios del Ayuntamiento de Tavernes y del Servef respectivamente.

Los hechos se remontan al año 2004. El consistorio vallero recibió una subvención de más de 900.000 euros del Servef para desarrollar un taller de empleo del que se beneficiarían 40 vecinos en paro. Una comisión mixta formada por los funcionarios fue la encargada de contratar a la directora del curso y el equipo docente. Posteriormente, esta misma comisión avaló, mediante la firma del acta, el listado de alumnos inscritos que, según se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, había elaborado la directora y sus colaboradores. En la primera fase del taller había 18 nombres ficticios, a los que posteriormente se sumaron otros cuatro para la segunda y una más para la tercera. El tribunal considera que los representantes del ayuntamiento y el Servef firmaron el documento sin conocer este hecho, reafirmándose en que habían recibido el listado ya elaborado por parte de los docentes.

Tras la denuncia presentada por UGT contra la directora, las trabajadoras, los funcionarios y el concejal, la primera reconoció los hechos y explicó que las firmas de asistencia de los alumnos ficticios «fueron rellenadas por ella». En alguna ocasión, las otras dos condenadas, profesoras de la escuela, también se encargaron de falsificar las rúbricas. Lo hicieron «a las órdenes de la directora y siendo conocedoras de la simulación», indica la sentencia.

Al concejal, Antonio Bono, que entonces ostentaba un importante número de carteras bajo el mandato de Eugenio Pérez como alcalde, le acusaban de ser conocedor y partícipe del sistema. Este edil, como representante de la administración que recibió la subvención, fue el encargado de firmar los contratos de las 23 personas inscritas de forma fraudulenta en el curso.

El tribunal considera que resulta «razonable» que Bono «confiaba» en las listas de alumnos que le entregó la directora del taller, por lo que «no puede afirmarse categóricamente que fuese conocedor de que todos esos contratos y documentos correspondían a inscritos inexistentes», indica la resolución judicial.

De hecho, el concejal, según se recoge en el mismo documento, abrió un expediente de información reservada cuando se enteró de las irregularidades en el curso, despidió a varios de los implicados, devolvió el dinero al Servef y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que los investigara.

Como dato curioso, la sentencia revela que, en un principio, Bono llegó a un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual aceptaba la pena «por recomendación de su abogado». Sin embargo, el tribunal indica que lo hizo «a regañadientes», como lo demuestra el hecho de que siguiera en el juicio. La sala, ante esta evidencia, decidió juzgar su actuación.


Doce años de angustia

Ayer, en conversación con este periódico, el exconcejal popular se mostraba «satisfecho» de que se ponga fin a «doce años de incertidumbre». A su entender, la sentencia «confirma lo que yo siempre he defendido, que no sabía nada de todo aquello». Dice que «he podido aguantar todo este tiempo gracias a mi familia y amigos, que me han apoyado».

Recuerda que tomó medidas de forma rápida cuando se enteró de los hechos y asegura que, pese a todo, «volvería a actuar de la misma forma».

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