El Ayuntamiento de Gandia ha recibido un total de 243 solicitudes de vecinos de la ciudad que quieren acceder al alquiler de Viviendas de Protección Oficial. En concreto, en este primer plan, el Gobierno local, a través de los departamentos de Responsabilidad Social que dirige Nahuel González, y de Urbanismo, en manos de Vicent Mascarell, ha puesto a disposición de los ciudadanos un total de 40 pisos, 30 de ellos ubicados en la urbanización Simancas, cuyas obras acabaron hace unos meses tras más de una década de trabajos. Los otros diez pertenecen al parque de pisos municipales y están repartidos en varios edificios de la ciudad. Entre ellos se encuentran muchas propiedades que asumió el consistorio cuando se liquidó la empresa pública, IPG.
El precio de los arrendamientos de estos inmuebles oscila de los 140 a los 260 euros y, para tener acceso a ellos, los interesados deben cumplir una serie de requisitos estipulados en la ordenanza de gestión de vivienda pública del ayuntamiento, que entró en vigor a principios del pasado julio pese a que estaba aprobada desde hacía unos meses. Este texto normativo está basado en la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda de la Generalitat, que también entró en funcionamiento hace poco.
Este modelo de alquiler hay que diferenciarlo del que tiene carácter social. Los pisos de protección oficial están más dirigidas a los jóvenes y personas mayores con problemas de acceso a la vivienda. De hecho, según explicaba ayer a este periódico el concejal de Responsabilidad Social, Nahuel González, estos son los perfiles que mayoritariamente han presentado su solicitud. Las casas con carácter social se reservan a familias en exclusión.
La adjudicación de estas VPO son de por vida, es decir, que aquel que acceda a un alquiler se podrá quedar en el piso mientras no renuncie a él.
Entre los 243 vecinos que han solicitado recibir uno de estos inmuebles, hay algunos antiguos propietarios de Simancas, que ya solicitaron una vivienda hace cinco años, por lo que el ayuntamiento ha respetado la lista de entonces, a la que ahora se han incorporado un buen número de personas también interesadas en acceder a uno de estos pisos recién reformados.
El trabajo se traslada ahora al departamento de Servicio Sociales, que, en base a los criterios que estipula la ordenanza municipal, llevará a cabo una baremación para adjudicar las viviendas aquellas personas que mayor puntuación tengan.
Entre los aspectos que más se valoran está la edad (tanto si son personas mayores con poca pensión o jóvenes con salario bajo), si son víctimas de violencia de género, tiempo que lleva empadronado en Gandia, haber sido víctima de desahucio o la renta, entre otros.
Respecto a los pisos, González aclara que muchos de ellos no están amueblados, especialmente los de Simancas. Así mismo, la adjudicación de la vivienda se hace en régimen de alquiler de forma permanente. Es decir, que no hay ninguna cláusula que permita la adquisición de derechos para la compra del piso en unos años, como sí ocurre, en cambio, con promociones que lleva a cabo la Generalitat en viviendas de la ciudad.
Pese a que las solicitudes sobrepasan de forma importante el número de viviendas que se ponen a disposición de los vecinos de Gandia en este primer programa, Nahuel González tranquiliza a los interesados apuntando que «sacaremos más VPO» . Tras la liquidación de IPG el parque municipal de viviendas aumentó considerablemente.
