La Fiscalía Provincial de València ha pedido a los juzgados de Gandia que investiguen si GEIM, la empresa que gestionó durante cuatro años el servicio de «escoletes» de Gandia, puede ser acusada por simulación de delito al presentar una denuncia, por la vía penal, por prevaricación y fraude en la contratación pública contra el concejal José Manuel Prieto.
Según ha podido saber este periódico, el Ministerio Fiscal toma esta determinación al apreciar «indicios de delito» por parte de la mercantil. La investigación afectará tanto a la empresa como a sus dos administradoras. Estas presentaron un recurso por la vía del contencioso administrativo que repitieron por lo penal contra Prieto por autorizar la adjudicación el servicio, a través de un contrato menor, a Marta Moscardó.
El Gobierno de Gandia denunció esta situación el pasado mes de junio, iniciando una lucha contra aquellas sociedades que tienen por costumbre llevar a los ediles o la administración ante los juzgados cuando un proceso de adjudicación no les resulta favorable. Además, en este caso, las denuncias contra el representante municipal se interpusieron después de que este firmara un decreto con el que solicitaba a GEIM 65.000 euros que, según un informe, la mercantil había cobrado de mas por las matriculas y otros conceptos para el curso pasado. La admisión a trámite de estas dos querellas obligó a Prieto a inhibirse de la mesa de contratación.
Por todo ello, la decisión de llevar esta cuestión a la Fiscalía suponía, por parte del Ejecutivo local, un aviso a navegantes, es decir, un toque de atención para aquellas empresas que estén pensando en contratar con el Ayuntamiento de Gandia. El Gobierno local considera que la acción judicial de estas firmas provoca una gran presión que supera lo exigible». Gandia quiere abanderarse como un ayuntamiento que está en contra de estas prácticas que provocan una excesiva judicialización de la administración.
La Fiscalía sí que ve, por tanto, indicios de un delito de simulación. Ahora deberá ser el juzgado pertinente quien recabe toda la información y decida si se abre una causa para determinar si GEIM incurrió en un delito.
La relación entre esta empresa y el actual Gobierno local de Gandia siempre ha sido tensa. La firma fue contratada mediante concurso por ejecutivo del PP cuando decidió privatizar el servicio de las «escoletes» en el año 2013.
