Consiguieron aplazar en las últimas semanas el desahucio de tres familias en Oliva, pero ayer no pudieron evitarlo. La PAH, la plataforma que protesta y lucha contra los desalojos, se concentró una vez más para denunciar e impedir el desalojo de dos familias sin recursos y con cuatro menores a su cargo que ocupaban una vivienda en la calle de la Aurora, en el centro histórico de la localidad.

Las negociaciones de la PAH, del ayuntamiento y de los abogados de la familia resultaron infructuosas, e incluso las de la propia sucursal de Bankia en Oliva, que intentó paralizar la actuación negociando con su sede central, según confirmaron a Levante-EMV fuentes cercanas al caso.

Aunque el lanzamiento estaba previsto a las 10 de la mañana, la comitiva judicial llegó a la vivienda un poco antes de mediodía, precedida por varios miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local. Allí les esperaban los manifestantes, que formaron una barrera humana para impedir el desalojo. Según Joan Cogollos, portavoz de la PAH, «los agentes rompieron a empujones la barrera pacífica que habíamos formado, y a algunos nos echaron al suelo». Una mujer cayó en mala postura y sufrió contusiones en un brazo, por lo que acudió al centro de salud de Oliva para ser atendida y obtener un parte médico «para denunciar el trato que hemos recibido por parte de la policía y la Guardia Civil», según Cogollos. Los agentes identificaron a parte de las personas concentradas frente a la casa, por lo que es probable que sean objeto de una multa, contemplada en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza.

Las dos familias desalojadas son de Oliva. El concejal de Políticas Sociales, Àlex Salort, también lamentó el desahucio de estas ocho personas, cuatro de ellas niños. «Estamos intentando alojarlas temporalmente en algún lugar», señaló. «El ayuntamiento está preparando dos viviendas para casos de urgencia como estos, pero aún no están finalizadas». Salort se puso en contacto con la Dirección Territorial de Vivienda de la Generalitat para conseguirles una vivienda de alquiler social. El concejal mostró su extrañeza por la intervención de la Policía Local en el desahucio.