Las dos familias que fueron desalojadas el pasado viernes de la vivienda que ocupaban ilegalmente en la calle de la Aurora de Oliva se encuentran en estos momentos en un hostal muy cercano. Así lo afirmó ayer Àlex Salort, concejal de Políticas Sociales. El Ayuntamiento de Oliva se hará cargo del pago de la estancia en el establecimiento de estas ocho personas, cuatro de ellas menores, dos de muy corta edad, hasta que la Conselleria de Vivienda encuentre una casa digna donde puedan asentarse, todo ello mientras finaliza el equipamiento de dos viviendas que el ayuntamiento dedicará a casos urgentes com0 éste.

Como ya publicó Levante-EMV, estas dos familias fueron expulsadas por orden judicial tras el requerimiento de Bankia, entidad financiera propietaria de la casa. Las negociaciones de los abogados de los afectados, de la PAH Safor-Valldigna, del Ayuntamiento y de la propia sucursal bancaria en Oliva fueron infructuosas. Además, en el desalojo se vivieron momentos de tensión, ya que agentes de la Policía Local de Oliva y de la Guardia Civil rompieron la barrera humana que se había formado para evitar el desahucio.

En anteriores ocasiones, la presión de estos colectivos había dado resultados, dos de ellos en este mismo verano, ya que se pudo paralizar el desalojo, pero en el caso de estas dos familias el trámite judicial llegó hasta el final y sus ocho componentes se quedaron en la calle con sus escasas pertenencias.

Por su parte, la concejal Ana Morell, del PSPV-PSOE, critica que «a estos casos se suman muchas familias con riesgo de exclusión social, que debido a las malas condiciones de sus casas, se ven en la calle o viviendo en condiciones inhumanas, con problemas de humedades y con riesgo de derrumbe». Según Morell, «todos acuden diariamente al ayuntamiento buscando ayuda, pero las soluciones nunca llegan». La concejala socialista comenta que «en 2017, el gobierno local prometió la compra de 15 viviendas sociales», promesa que, asegura, no se ha cumplido.

«Tenemos un ayuntamiento sin deuda, con más de 1,8 millones de euros que sobraron del año anterior guardados en un banco, con una subvención concedida por la conselleria y el ministerio en el plan ARRU para regenerar el casco histórico, dotado de 4 millones de euros, que se pueden destinar para rehabilitar viviendas sociales», argumenta.

Sin embargo, Salort niega haber incumplido promesa alguna. «Lo que pasó fue que contactamos con diversas entidades bancarias para destinar 400.000 euros a adquirir viviendas económicas de las que los bancos tienen en stock, con el fin de destinarlas a viviendas sociales, pero de momento no hemos recibido ninguna respuesta», asegura el concejal.