Decenas de vecinos de la Safor son cada año condenados a penas de prisión por haber cometido pequeños delitos que no suponen un riesgo inminente para la sociedad, y que pueden acogerse a la permuta de la cárcel por trabajos no remunerados en beneficio de la comunidad o por cursos y programas de reeducación y reinserción. Hasta ahora, estos condenados tenían que realizar los trámites en las oficinas de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que Instituciones Penitenciarias tiene en la Ciudad de la Justicia de valencia. Pero muy pronto podrán realizar sus gestiones en Gandia.
El ayuntamiento y el Ministerio del Interior firmarán en breve un convenio por el que se habilitarán en el edificio municipal de la avenida d'Alacant unos despachos y aulas para que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias gestionen en la propia capital de la Safor los expedientes de todos los condenados de la comarca que puedan acogerse a estas medidas. Y, además, también podrán acudir a estas oficinas los procedentes de las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa.
«Se trata de facilitar el acceso a este servicio sin necesidad de que las personas afectadas tengan que desplazarse hasta València», afirma la concejala Liduvina Gil, que inició los contactos con el ministerio a finales de 2017. En el caso de los condenados que viven en la Marina, podrán acudir a Gandia sin necesidad de desplazarse a la ciudad de Alicante. Se calcula que en la Safor hay unas 300 personas susceptibles de utilizar este servicio, que, según Gil, «no va a suponer ningún coste a las arcas públicas, ya que los locales son municipales y los funcionarios los aporta el ministerio».
En Gandia y la Safor ya existe un centro de reinserción y reeducación de personas condenadas a prisión por delitos leves, el centro Endavant, situado en el distrito de Santa Anna. Pero las nuevas oficinas permitirán ahora realizar los trámites previos, «por lo que se facilitará el acceso al servicio a personas que estén trabajando o no puedan desplazarse a Valencia», añade la concejala. Esto supone una descentralización de las gestiones y una mayor proximidad y celeridad en los trámites.
La permuta de la pena de prisión por trabajos a la comunidad está prevista en el código penal y depende del tipo del delito y de las circunstancias personales y familiares del condenado. «Suele tratarse, por ejemplo, de personas que no han pagado la multa por dar positivo en un control de alcoholemia», comenta Gil. También algunos casos leves de tenencia de estupefacientes o violencia de género, en los que el condenado accede a talleres de reinserción.
