16 de octubre de 2018
16.10.2018

La Audiencia entierra la querella contra Torró por los créditos a IPG

El tribunal tampoco ve delito de prevaricación al considerar que el dinero del ayuntamiento se destinaba a servicios públicos. Ratifica la resolución dictada en junio por un juzgado de Gandia

16.10.2018 | 18:44
Torró, a la izquierda, y Morant, a la derecha, en una imagen de cuando eran alcalde y gerente de IPG.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València acaba de enterrar la querella por prevaricación que, a finales de la pasada legislatura, presentó Vicent Mascarell, entonces concejal del PSPV-PSOE de Gandia, contra Arturo Torró y Gonzalo Morant, que eran, respectivamente, alcalde de Gandia por el PP y gerente de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG). Cuando el junio de 2015 se formó el Gobierno local de PSPV y Més Gandia, el ayuntamiento también se sumó a la acusación.

El objeto de la querella contra ambos responsables del PP en la pasada legislatura no era otra que los créditos a corto plazo que el ayuntamiento realizaba a IPG a pesar de que la Administración local ya estaba sujeta a un estricto Plan de Ajuste Económico que, en teoría, impedía esas acciones. Las transferencias, que no eran devueltas por IGP al ayuntamiento, sumaron varios millones de euros, hasta una decena según cálculos realizados posteriormente.

Mascarell, con el aval del Grupo Socialista muncipal, consideró que Torró y Morant cometieron delitos de prevaricación (comisión de acciones ilegales a sabiendas de ello) por cuanto ni podían autorizar esas transferencias de dinero público del ayuntamiento a IPG ni, posteriormente, devolvieron las cantidades que fueron a parar a la empresa pública municipal.

Después de analizados los hechos y de tomar declaración a los afectados, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia no vio delitos de prevaricación y, el pasado mes de junio, decidió archivar provisionalmente el proceso. Sin embargo, tanto Vicent Mascarell como el ayuntamiento recurrieron esa resolución a la Audiencia Provincial, que, en un auto dictado el miércoles de la semana pasada, ratifica el archivo.

El auto, al que ayer tuvo acceso este periódico, señala, como también hizo el juez de Gandia, que no es suficiente que exista una acción ilegal en la Administración para que sea considerado un delito, y señala que, si alguien consideró ilícitos los créditos del ayuntamento a IPG, siempre habría quedado abierta la vía del recurso contencioso administrativo. «El Derecho Penal», dice el tribunal, «solamente se ocupará de la sanción a los ataques más graves a la legalidad», algo que, en este caso, no se considera que haya ocurrido.

En segundo lugar, dicen los jueces de la Audiencia Provincial que los préstamos a IPG, que se vinieron realizando desde el año 2013, contaban con un dictamen pericial que coincidía con otro solicitado por el ayuntamiento a la consultora Ideas y Proyectos GPR. Ambos aseguraban que afirmar que la finalidad de esos préstamos era «atender las necesidades de la tesorería de IPG, teniendo el dinero transferido como única finalidad financiar gastos» que eran propios de la administración. Entre esos gastos figuraban el control del aparcamiento en la zona azul y la grúa municipal, el servicio público alquiler de bicicletas o la gestión de áreas deportivas municipales.

La Audiencia obliga a los querellantes, en este caso Vicent Mascarell y el ayuntamiento de Gandia, a pagar las costas del recurso.

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