Vicent Mascarell, responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, suplicó ayer a los dos grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, que modifiquen su postura inicial y aprueben, junto a los partidos del Gobierno local del PSPV-PSOE y Més Gandia, la propuesta para que el consistorio asuma directamente la gestión y puedan acabarse las obras de la urbanización de Sanxo Llop, donde se encuentra el nuevo hospital comarcal.

Como informó este periódico, el Gobierno local, a la vista de la paralización de las obras que se prolonga desde hace años, ha decidido anular el contrato con el agente urbanizador Aprusa y gestionar directamente la conclusión de los trabajos.

Argumenta el Gobierno que, además de poner suelo industrial a disposición de las empresas interesadas en implantarse en Gandia, se acometerían infraestructuras paralizadas desde hace años, una de las cuales, quizás la más importante, consiste en construir una subestación eléctrica que suministraría energía a todo el sur de la Safor, incluyendo la ciudad de Oliva.

Pero PP y Ciudadanos no lo ven claro. El popular Toni Abad, que fue concejal de Urbanismo en la pasada legislatura, echó en cara ayer que el Gobierno local no haya aclarado las consecuencias que eso tendría para el ayuntamiento y para los propietarios de las parcelas de esa enorme superficie, que ronda los 470.000 metros cuadrados.

Además, Abad señaló que no ha encontrado el informe del interventor municipal para que determine si, económicamente hablando, es viable llevar a cabo esa resolución del contrato y la asunción directa de la gestión del polígono. Por eso Abad anunció que en el pleno de hoy el PP mantendrá el voto en contra.

Quien sí dejó abierta la puerta a modificar su planteamiento fue el concejal Ciro Palmer, de Ciudadanos. Ayer indicó que está estudiando el tema y que el voto en contra en la comisión de Urbanismo podría transformarse en una abstención en el pleno. Eso haría que se produjera un empate entre los doce votos a favor del Gobierno local y los doce en contra del PP, lo que haría que el voto de calidad de la alcaldesa decantara la balanza hacia la aprobación.