El Ayuntamiento de Ròtova construyó la «escoleta» municipal en unos terrenos propiedad de una empresa sin disponer de permiso para hacerlo. Lo dice una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de València, a la que ha tenido acceso este periódico, que estima el recurso que interpuso la mercantil, Rótova Futur SL, en 2015 contra el proceso de «ocupación directa» mediante el cual el consistorio justificó su actuación.
Los hechos se remontan al 2008. Ese año empezó la construcción del edificio. Para la obra, la administración local adquirió unos terrenos que lindan con los afectados y además ocupó la mitad de la parcela propiedad de la empresa recurrente. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio califica esa zona como dotacional educativa.
Según se extrae de la resolución judicial, la versión del ayuntamiento rotovense es que la ocupación de ese terreno «se hizo con la aquiesencia de los propietarios», ya que, prosigue el escrito, «desde la construcción de la 'escoleta' en 2008 nunca accionaron contra la actuación municipal, por lo que se evidencia un compromiso verbal». Con esta declaración, el propio consistorio confirma que no disponía de ningún documento firmado que le habilitara a construir en los terrenos afectados.
No es hasta el mes de septiembre del 2015 cuando, mediante un acuerdo de pleno, el Gobierno local inicia un procedimiento llamado «ocupación directa». Esta figura está contemplada en la Lotup pero, como la propia magistrada remarca en su escrito, debe partir del acuerdo entre la administración que pretende hacerse con los terrenos y los propietarios, algo que, a tenor de la denuncia, no ocurre en este caso.
Ante esta situación, la justicia acusa al Ayuntamiento de Ròtova de «actuar de manera unilateral» y «coactiva», debido a que la empresa propietaria de las tierras «había manifestado su oposición a la ocupación directa».
Los terrenos en cuestión se encuentran en una zona en la que existe un proyecto de reparcelación que nunca se ha ejecutado. Están calificados como dotacionales educativos. Debido a esto, el ayuntamiento podía haber iniciado un proceso de expropiación, cuyo precio, de no haber un acuerdo, lo habría fijado el tribunal de justiprecio. De hecho, la propia magistrada apunta en la sentencia que el ayuntamiento «tenía que haber iniciado un procedimiento expropiatorio».
El alcalde, Antonio García, insistió ayer, en conversación con este periódico, en que el ayuntamiento contaba con un «permiso verbal». Explicó que no se llegó a un acuerdo porque «nosotros solo queríamos comprar la mitad de la parcela y los propietarios querían venderla toda por un precio desorbitado». Remarcó que actuaron de ese modo porque existía un proyecto de reparcelación que «no se ejecutó por la llegada de la crisis» y que «si se hubiera desarrollado no tendríamos este problema». Pese a todo, el ayuntamiento ha iniciado un segundo procedimiento de ocupación directa y no de expropiación «porque la justicia tampoco nos ha dicho qué tenemos que pagar ni cómo actuar», señalaba.
Desde la oposición, el portavoz de Compromís, Jordi Puig, denunció que, además, «el edificio no está acabado», pese a que el consistorio invirtió 700.000 euros. «Solo un gobierno irresponsable construiría un edificio en un terreno sin tener la propiedad. Más de diez años después, la situación no se ha resuelto y el gobierno del PP de Ròtova ha demostrado, una vez más, que sólo sabe dejar chapuzas. Rótova no se merece un gobierno que actúa de esta manera».
