La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, tuvo que retirar del pleno celebrado ayer el debate y la posible aprobación de una comisión mixta formada entre personal del ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana para agilizar la concesión de licencias de obra y de actividad en edificios situados en entornos protegidos. En esa situación se encuentra casi todo el centro histórico de la ciudad, justamente donde se da la mayor parte del comercio urbano y se solicitan numerosas licencias para modificar los inmuebles.
El problema es que una reciente sentencia de un tribunal de lo Contencioso Administrativo de València dio la razón a una comunidad de propietarios del paseo de les Germanies y anuló una licencia de obras que permitió transformar un local en una gran hamburguesería. Este hecho se produjo porque, como señalan los jueces, antes de la concesión de la licencia es necesario un informe de la dirección de Patrimonio de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Cultura, dado que el edificio en cuestión se encuentra en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de las antiguas murallas de Gandia.
La diferencia entre esperar o no el informe de la Generalitat no es un tema menor. Mientras el ayuntamiento puede aprobar la licencia de obras y de actividad en semanas, la dirección de Patrimonio suele tardar meses antes de emitir su dictamen, lo que genera desesperación, especialmente entre empresas que quieren remodelar edificios para abrir negocios.
Seguir el ejemplo de Xàtiva
Ante la resolución judicial, que de momento está recurrida, el ayuntamiento intentó buscar una fórmula intermedia que ya se aplica en otras ciudades con muchos edificios protegidos, como es el caso de Xàtiva. Así, desde el departamento de Urbanismo se puso en marcha la creación de una comisión mixta compuesta por técnicos municipales y de la dirección de Patrimonio de la Generalitat que se reuniría o deliberaría cuando se solicite una licencia en los entornos de edificios o elementos BIC.
Aquí es donde ha surgido la discrepancia que impidió aprobar esa comisión en el pleno de ayer. El Gobierno local, formado por los grupos del PSPV-PSOE y Més Gandia, considera que en ese grupo de personas solo debe haber un político, en este caso el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, por ser el encargado último de firmar las licencias. El resto son técnicos municipales y de Patrimonio de la Generalitat porque se trata, argumenta el Ejecutivo, de una deliberación basada solo en cuestiones de legalidad y no de aplicar criterios políticos a las licencias.
En la comisión de Urbanismo, sin embargo, los representantes de PP y Ciudadanos ya indicaron que, a su entender, sí debe haber un concejal de cada partido por considerar que el tema tiene un gran calado, vista la cantidad de elementos protegidos que existen en el centro de la ciudad, y también en otras zonas. «Se trata de una cuestión muy sensible y queremos una participación de los partidos en esa comisión», confirmaba ayer a este periódico el concejal del PP Vicent Gregori, quien añadió que, en el fondo, todos están de acuerdo en crear este grupo para agilizar las licencias.
Buscar el máximo consenso
El concejal de Administración, José Manuel Prieto, del PSPV-PSOE, indicó que, para evitar que este importante asunto fuese rechazado por el pleno, la alcaldesa optó por retirarlo del debate y seguir negociando para conseguir el consenso, dado que se requiere el voto afirmativo de 13 de los 25 concejales para que surta efecto.
Prieto indicó que existe un problema legal porque este tipo de comisiones están reguladas por la ley y solo pueden quedar constituidas por los técnicos de las dos administraciones y el responsable político de Urbanismo, pero insistió en que, si es necesario, se buscarán las fórmulas para que, antes del informe definitivo sobre la licencia concedida en un entorno BIC, todos los partidos puedan emitir su opinión.
El concejal socialista concluyó que, inmediatamente después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno local retomará las reuniones, dado el interés de este tema para no retrasar las licencias a empresas que piden realizar obras en el centro de la ciudad y en todas aquellas afectadas por los elementos catalogados como Bien de Interés Cultural.
