El decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que permite la prejubilación de los policías locales ha obligado a las administraciones locales a ponerse las pilas. Esta decisión ha pillado con el pie cambiado a muchos ayuntamientos, que pueden ver mermadas de forma considerable sus plantillas. Para solucionarlo, las Corts han pactado una moratoria a ley de coordinación de policías locales que permite la contratación de agentes en prácticas. Estos no pueden llevar armas, por lo que no pueden patrullar de noche y su labor se limita a cuestiones administrativas, custodia de edificios, medio ambiente o tráfico. La letra pequeña dice, además que solo podrán utilizar estos mecanismos aquellos ayuntamientos que tengan en marcha una oferta de empleo público, lo que demuestra por qué Gandia ha actuado con tanta rapidez.
