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ibi: cumpliendo lo prometido y cumpliendo la ley

ibi: cumpliendo lo prometido y cumpliendo la ley

e s un hecho constatable que Gandia es una de las ciudades con mayor fiscalidad en IBI como consecuencia de los sucesivos incrementos del tipo impositivo de los últimos ocho años. Si difícil era la situación económica que recibió el PP en 2011, y obligó a incrementar los impuestos un 21%, lo que es imperdonable es que en cuatro años ese mismo gobierno realizara la peor gestión económica que se recuerde en la historia de nuestra ciudad e incrementara la deuda en 140 millones más hasta alcanzar los 350 que le dejó al gobierno entrante en 2015. Tras tres presupuestos ilegales, mucha más deuda que la que se encontró y dejar unas cifras de paro más altas que las que recibió, el PP dejó un desastre económico inigualable al gobierno de coalición que le sustituyó en las últimas elecciones municipales.

A la semana siguiente de la investidura como alcaldesa de Gandia tanto ella como su vicealcaldesa se presentaron ante el Secretario de Estado del Ministro Montoro y Antonio Beteta, sin andarse con rodeos, les descerrajó dos frases imborrables para su memoria: «la fiesta en Gandia se ha terminado» y «ni subiendo todo lo que se puede subir ni recortando en todos los servicios, Gandia tiene fácil solución». A buenas horas, mangas verdes, que se suele decir.

La opinión de Beteta viene corroborada por la propia auditoría municipal dada a conocer a principios del año pasado donde se afirma que «lo que se produce a partir de dicho momento -en 2012 y siguientes- no es el saneamiento de la situación económica sino su agravamiento». Por tanto, el nuevo ejecutivo de Gandia ha tenido que hacer el trabajo que no hicieron los populares pero con un pesada carga añadida a sus espaldas. Se vio obligado a articular un duro plan de ajuste que durará hasta 2032, con una subida de impuestos superior a la de 2011 y un recorte de servicios municipales. La alegría de los cuatro años del «coste cero» le ha supuesto al bolsillo de los contribuyentes un 24% más de IBI por la resaca de la farra continua y la sinrazón acumulada de cuatro años de confeti y descontrol propiciada por el «teórico» gran gestor que venía a salvarnos de todos los males y dejó una ciudad empeñada hasta las cejas.

Desde el primer momento el actual gobierno se puso manos a la obra y abordó la urgente labor de poner orden en una casa que estaba mangas por hombro con una situación caótica en las finanzas municipales. En sólo tres años se ha dado una vuelta de 180 grados a esa situación y se han pagado los 72 millones de facturas pendientes que se debían entre Ayuntamiento e IPG, se han aprobado tres presupuestos legales, se han regularizado los impagos a bancos, se ha recuperado el respeto de la administración municipal desapareciendo su pesada hipoteca reputacional. Los continuos anuncios de implantación de nuevas empresas en Gandia es una prueba inequívoca de que un nuevo escenario de confianza anima a los inversores a creer en Gandia materializándose en la creación de empleo, como lo demuestran las cifras del INEM y las de la Seguridad Social. Afortunadamente, los nuevos tiempos asociados al buen hacer del actual ejecutivo despejan las penumbras de un pasado convulso demasiado reciente.

El gobierno municipal de Gandia y Ciudadanos se comprometieron a rebajar la asfixiante carga impositiva en la medida en que la situación económica del Ayuntamiento lo hiciera posible y la legalidad vigente lo permitiera. Los valores catastrales de más de mil municipios españoles se ha incrementado en 2018 (4%) y en 2019 (3%) dada la antigüedad de la última revisión catastral hecha, que data de 1999. No íbamos a consentir hacer pagar más a los vecinos y se ha compensado dicha subida con una rebaja del tipo impositivo que, a efectos prácticos, ha supuesto una disminución de la presión fiscal. La subida del valor catastral de 2018 del 4% se compensó con una reducción del tipo impositivo del 5% y el incremento del 3% de 2019 con la reducción del tipo del 4,1%. A efectos prácticos, en 2019 se pagará de IBI un 2,1% menos que en 2017. Para un recibo medio de 500 euros la reducción en dos años supone casi 11 euros. ¿Hubiéramos podido bajarlo más? La mejoría de la economía municipal lo permitía pero la ley nos lo impide ya que ésta nos obliga a recaudar como mínimo lo mismo que al año anterior. Desgraciadamente es así porque así lo dice la ley promulgada por Montoro en 2014. El incremento recaudatorio por nuevas viviendas o por afloramiento de situaciones irregulares no se lo queda el Ayuntamiento y lo hemos repartido a la baja entre el resto de recibos del IBI de Gandia pagando todos un poco menos. Nos hubiera gustado ser más profundos en la rebaja pero hemos alcanzado la línea donde ir más allá es ilegal y eso no lo podemos ni debemos hacer. El bochornoso recuerdo de incumplimientos normativos culminados con sentencias de presupuestos ilegales ni es serio ni deseable para una ciudad culta, educada y responsable como la nuestra. Eso lo dejamos para tarambanas y volantineros.

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