La Safor es una de las comarcas más perjudicadas por el acuerdo citrícola de la Unión Europea con Sudáfrica y otros cuatro países africanos. El tratado comercial entró en vigor en 2016 pero es ahora cuando están saltando las alarmas y aumenta el rechazo social al mismo, porque desde hace un par de temporadas se repite la misma escena, sobre todo en los lineales de los supermercados a partir de octubre: naranjas de importación que compiten con las autóctonas, en pleno arranque de la campaña. Todo ello para desesperación del sector en la Safor, comarca especializada en variedades extratempranas, que pierden así la rentabilidad, cuando no se quedan en el árbol sin recoger.

Esta es una de las evidencias que pusieron sobre la mesa diversos representantes del sector el jueves pasado en Gandia, en un debate organizado por la Mancomunitat de Municipis de la Safor, moderado por el presidente del ente, Tomàs Ferrandis. En él intervinieron el secretario general de la Unió, Carles Peris; la portavoz de Agricultura de CCOO-PV, Soledad Montaner; el presidente de la cooperativa de Pego (dentro de Green Fruits), Pepe Pastor; y Josep Vercher, del área de Transportes de FAES, la patronal comarcal.

Todos ellos, con algunos matices, exigieron la modificación de este acuerdo con Sudáfrica, que prevé una reducción progresiva hasta la desaparición de los aranceles aplicables a las naranjas importadas desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre.

Carles Peris reconoció que el acuerdo, a estas alturas, «ya es difícilmente reversible», pero al menos apostó por «equilibrar las reglas de juego», exigiendo por parte de la UE medidas como mayores controles fitosanitarios, el tratamiento en frío de los cítricos importados, la reciprocidad a las producciones de países terceros y el cumplimiento de la cadena alimentaria. Añadió que para aplicar la cláusula de salvaguarda «hay que justificar el impacto negativo en un informe que hasta ahora nadie ha encargado».

Peris lamentó que la Unión Europa «esté legislando en contra de los agricultura mediterránea», y recordó que en 2016 la Unió de Llauradors ya señaló a los «traidores de la naranja valenciana», en referencia a los eurodiputados que respaldaron con su voto la entrada de cítricos sudafricanos.

La delegada de CCOO-PV fue más allá para denunciar que la UE «está legislando a favor de los poderes económicos», y el acuerdo con Sudáfrica «es un ejemplo de ello». Montaner se preguntó si realmente, como se pretendía, este tratado está sirviendo para mejorar las condiciones de vida de los países del África Meridional, «cuando los recolectores cobran salarios de miseria», o «quiénes son los que plantan naranjos allí», en referencia a una posible deslocalización para beneficiarse de las ventajas que ofrece la UE.

Por su parte, Pepe Pastor advirtió que la superficie citrícola de Sudáfrica está creciendo, en especial de mandarinas y clemenules. «Lo de ahora es la punta del iceberg de lo que tiene que venir, porque estos países plantaron y la producción se incrementará en los próximos años», vaticinó. «Nosotros -apuntó en referencia a Green Fruits- podríamos tener una finca en Sudáfrica o en Portugal y plantar naranjos, pero no lo hacemos porque como cooperativas estamos comprometidos con nuestra gente».

Josep Vercher repasó los problemas que tienen los transportistas radicados en la comarca, sobre todo por las travesías de la N-332. «La autopista AP-7 tiene un coste, pero no lo podemos repercutir sobre las empresas porque perderíamos competitividad».

También hubo espacio para la autocrítica, y surgieron propuestas como la ordenación varietal, combatir el minifundismo y el abandono de campos animando a los agricultores jóvenes, o salvar rencillas para que haya un único interlocutor del sector ante la UE.