La concejal delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gandia, Àngels Pérez, explicó ayer a este periódico que conocía este problema. «Desde que yo soy concejal nos hemos reunido dos veces con los vecinos afectados, e hicimos un seguimiento del caso, pero no podemos hacer nada. El ayuntamiento no tiene competencias para cerrar un negocio de este tipo. Hay un vacío legal, ya que este tipo de actividades no están reguladas a nivel nacional», señala Pérez. «Nuestros informes los remitimos a la Policía Nacional, y poco más podemos hacer». Según la edil, «en las reuniones con los afectados, les aconsejamos que acudieran al juzgado a poner una denuncia, o bien que recurrieran al servicio de mediación que el Colegio de Abogados ofrece en Gandia». El vecino que contactó con Levante-EMV confirmó que no han puesto aún ninguna denuncia ante el juez.
Respecto a los problemas de suciedad y de convivencia en la finca, Àngels Pérez comenta que animó a los afectados a tratar estos problemas «con el administrador de la finca o con el propietario del piso que alquila la vivienda a las mujeres que ejercen la prostitución, pero la Policía Local poco puede hacer en este tipo de conflictos». Ante el vacío legal y la falta de competencias municipales en la materia, a los vecinos solo les queda la vía judicial.
