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El coste de las obras, principal inconveniente para la legalización

Viviendas en la Llacuna, en el término de Villalonga. ximo ferri

? Muchos años han pasado sin que la Administración valenciana, tanto la de la Generalitat como municipal, aborden el limbo jurídico de las más de trescientas mil viviendas que, en la Comunitat Valenciana, están «fuera de ordenación». O sea, que se construyeron sin licencia.

A la ausencia de normas legales que hasta ahora no permitían regularizar esos edificios se suma, y no es un tema menor, el coste económico que acarrean los proyectos necesarios para que las «casetes» repartidas por zonas diseminadas dejen de ser ilegales. Y es que los «planes de minimización de impactos» que ya existían en la legislación y que ahora se refuerzan con la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunitat Valenciana obliga a que se ejecuten redes de recogida de aguas residuales y se lleven a depuradores, individuales o colectivas, así como a la ejecución de viales que permitan actuar a los vehículos de servicios básicos. Dinero que, aunque los ayuntamientos pueden ayudar, debe ser aportado mayoritariamente por los propietarios y beneficiarios de esa «legalización».

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