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Gandia, ciudad refugio

Adriana y Sergio llegaron hace un año a España para evitar represalias hacia ella, que trabajaba en la Fiscalía de Táchira

Adriana y Sergio pasean por la ribera del Serpis, el miércoles pasado.

Adriana y Sergio pasean por la ribera del Serpis, el miércoles pasado. XIMO FERRI

«Tú sales de aquí muerta o presa». Es la amenaza que, según denuncia Adriana Rondón (41), le profirió hace dos años Euclides Quevedo, entonces fiscal superior del estado venezolano de Táchira hacia ella misma, que trabajaba como abogada del Ministerio Público en las oficinas de su ciudad, San Cristóbal. Según relata a este periódico, aquello fue el culmen de una campaña de acoso laboral y personal que había comenzado unos meses antes por participar en una protesta contra el régimen de Maduro a las puertas de su centro de trabajo, el 19 de junio de 2017, y que acabó moviéndola a huir del país junto con su marido, Sergio Silva (40) y los hijos de ambos, de 6 y 4 años, recalando en Gandia.

Adriana, al igual que miles de personas en todo el país, secundaron ese día una convocatoria que había lanzado la fiscala general Luisa Ortega para evitar que Maduro despojara del poder legislativo a la Asamblea Nacional. «Fue una concentración pacífica; en San Cristóbal hubo una veintena de empleados públicos que estábamos defendiendo la legalidad vigente», recalca Adriana.

Pero ella, que salió retratada en la prensa de todo el país bien visible volteando la bandera nacional, precisamente en Táchira, uno de los pocos estados venezolanos que se ha caracterizado por su resistencia antichavista, acabó pagando el pato por todos. «En la comisaría la Policía me tenía señalada en la foto con un círculo rojo», relata. Y a partir de ahí le hicieron la vida imposible. En su trabajo, donde atendía a víctimas del delito, se vio relegada de sus funciones: «Me convertí en un cero a la izquierda».

Y al poco sucedieron cosas extrañas que la pareja atribuye a esa misma campaña de desprestigio: a Sergio, que tenía un laboratorio médico con su socio, le robaron material y un teléfono móvil apuntándole con un revólver, y otro día llamaron a su socio en nombre de un grupo paramilitar con un falso aviso de secuestro. En agosto entraron a su apartamento mientras dormían con los niños; se dieron cuenta por la mañana y sólo se llevaron el teléfono móvil de Adriana.

Así que se cansaron. Adriana contactó con su hermano, que vive en Gandia desde hace 11 años. Con este apoyo, sus ahorros y la venta de sus coches (la casa allá la conservan) decidieron partir hacia España. El 20 de enero de 2018 fue su último día de trabajo en la Fiscalía. La salida la hicieron desde Colombia, aprovechando que San Cristóbal está junto a la frontera.

Primero fueron a la aduana de Cúcuta, donde tuvieron que superar una cola de unas dos mil personas, y de allí al aeropuerto de Bogotá. «Tuvimos suerte porque los pasaportes que habíamos solicitado hacía un año nos llegaron, por fin, un mes antes de partir», señala Sergio, y asegura que en la actualidad las autoridades chavistas «no están otorgando pasaporte a nadie, y las tasas son carísimas».

El 16 de mayo de 2018 llegaron a Gandia y desde entonces viven en casa del hermano de ella. Al mismo tiempo cursaron una solicitud de asilo, cuya resolución se demora desde entonces. Adriana ha adjuntado al expediente todas las pruebas que tiene de su acoso. Tienen permiso de residencia pero no de trabajo, aunque este último lo recibirán a mediados de febrero.

También recibieron una primera ayuda de Cáritas en Gandia. «Son unos ángeles», afirma Adriana, en referencia a las personas que le atendieron. Los niños están escolarizados. Y mientras tanto no han desdeñado oportunidades laborales. «Nunca imaginé que iba a limpiar una casa, pero ahora cada vez que me llaman es una alegría», dice Adriana. Sergio trabajó en noviembre en la recogida del caqui, con una cuadrilla en Tarragona, pero solo aguantó un mes y medio.

Como anécdota, Sergio recuerda la sorpresa de sus hijos cuando entraron en un supermercado de Gandia: «El mayor de 6 años exclamó ¡papá, aquí sí hay comida!». Además de sus familiares, de Venezuela echan de menos el queso llanero, aunque siguen siguen haciendo arepas, porque pueden conseguir la harina de maíz en establecimientos latinos.

Consideran que la transición será difícil y la economía del país tardará al menos una generación en recuperarse, por lo que, aunque Venezuela recobre un sistema de libertades democráticas y respeto a los derechos humanos, de momento no se plantean volver.

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